Debate “Plan Nacional de Salud Rural: desafíos para una paz con justicia social en el campo colombiano” organizado por el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la U.N.
Recientemente se realizó el debate “Plan Nacional de Salud Rural: desafíos para una paz con justicia social en el campo colombiano”, organizado por el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), en el que el coordinador de este programa, el docente Mario Hernández, recordó que el Plan Nacional de Salud Rural está contemplado en el primer punto de los acuerdos sobre reforma rural integral.
“Esto implica que se debe trabajar en todos los temas relacionados con la salud, como la atención a las víctimas del conflicto armado, el consumo de drogas –que se considera como un problema de salud pública– y la situación de los ex combatientes”, agregó Hernández en el evento que contó con la participación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación Abran la Puerta y la Red Salud Paz, entre otros. .
Los más de 6.000 miembros del grupo armado están siendo afiliados al sistema de salud con un proceso similar al de las poblaciones especiales prioritarias, que no requieren la aplicación de la encuesta del sistema de selección de beneficios del Sisbén para ingresar al régimen subsidiado de salud, como se señaló en el evento, en el que también se afirmó que para los expertos es necesario entender cuál ha sido el lugar de la salud en el conflicto y cómo este aspecto influye en la cotidianidad de la vida de las personas.
"Un modelo de salud rural dará lugar a un nuevo sistema de salud"
“Progresivamente, un modelo de salud rural dará lugar a un nuevo sistema de salud, porque es necesario pensar el derecho a la salud no como un beneficio individual, sino colectivo, como tener agua potable, condiciones sanitarias adecuadas, alimentación saludable, vivienda digna y ambiente sano en el trabajo; todo eso debe ser tenido en cuenta”, puntualizó Hernández.
Los compromisos descritos en el primer punto del Acuerdo Final de Paz establecen que la oferta de servicios se debe acerca a las comunidades y responder a los requerimientos diferenciales de las mujeres. También es necesario desarrollar programas para disminuir la desnutrición y fortalecer el sistema de protección y seguridad social para las personas de recursos limitados, como se destacó en el debate.
Otro aspecto clave es el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura para el sector salud, que incluirá la dotación de equipos y la puesta en marcha de tecnologías como la telemedicina, según se señaló en el encuentro.
Con el acompañamiento de las universidades
Hernández señaló que se espera trabajar en el acompañamiento por parte de las universidades para consolidar un laboratorio comunitario de salud para la paz, que se encargue de recoger los aportes de las zonas rurales para que sean tenidos en cuenta en el plan nacional y en un nuevo sistema de salud. “La salud aporta alternativas al desarrollo; debemos reincorporar en el sistema el reconocimiento de saberes e integrar los recursos públicos para que sean administrados territorialmente”, apuntó
Por su parte, la enfermera Paola Suárez, de la Corporación de Salud Abra la Puerta, que viene trabajando en las zonas de normalización en las que están concentrados los ex combatientes, agregó que la infraestructura que se vaya a construir debe estar pensada según las necesidades de las comunidades en cada territorio.
Asimismo, el modelo de salud pública para zonas rurales dispersas se debe basar en la prevención de enfermedades y un sistema de seguimiento permanente para garantizar la calidad de la atención, según se destacó en el encuentro.
