Las EPS e IPS deben contar con la infraestructura y el personal para garantizar la práctica de este procedimiento.
La Corte Constitucional dio 30 días al Ministerio de Salud para que inicie las gestiones para implementar la Resolución 1216 de 2015, que reglamenta la eutanasia, y cuatro meses a la Superintendencia Nacional de Salud para que verifique que esta implementación sea correcta, de tal forma que las EPS e IPS del país cuenten con la infraestructura y el personal para garantizar la práctica del procedimiento de eutanasia.
Este fallo del alto tribunal responde a una acción de tutela interpuesta contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA), la ESE Hospital San Vicente de Arauca y la Nueva EPS. En este sentido, la sentencia ordena a la Nueva EPS, entre otros aspectos, que "en futuras ocasiones se abstenga de incurrir en conductas que supongan la imposición de barreras administrativas sobre los pacientes y que prolonguen su sufrimiento".
En este contexto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte da este plazo de 30 días a la cartera de salud del Gobierno Nacional para adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente, "iniciando por la creación de un mecanismo eficaz mediante el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte digna desde el mismo momento en que el paciente lo solicite, y las demás medidas que estime pertinentes".
Asimismo, debe "gestionar lo necesario para que todas las EPS e IPS del país emitan una carta de derechos para los pacientes en las que se ponga en conocimiento público de los usuarios del sistema de salud sus derechos y deberes en lo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente".
Por otra parte, la Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el término de cuatro meses, adopte las medidas necesarias para verificar la correcta implementación de esta regulación, de tal forma que verifique que "las EPS e IPS del país cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para garantizar de manera efectiva la práctica del procedimiento de eutanasia". De igual manera y en el mismo término, la SuperSalud deberá iniciar la ejecución de dichas medidas.
Finalmente, la Corte, exhorta al Congreso de la República a que, en virtud de lo dispuesto en la sentencia T-970 de 2014 y en un término de dos años, proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente, esta vez, tomando en consideración los inconvenientes que impiden una correcta aplicación en la práctica de lo regulado en la Resolución 1216 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en este reciente fallo.
