Informe de la Defensoría del Pueblo sobre tutelas en salud en 2019, indica los municipios y departamentos en los que más se instauran y las EPS y ARL en contra de las cuales se presentan más acciones.
La Defensoría del Pueblo presentó el informe 'La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social' en el que se indica que con base en los datos de 2029 se puede decir que "en Colombia, cada 2,5 minutos se interpone una tutela en salud, o cada 34 segundos si se tienen en cuenta solo los 244 días hábiles de 2019".
El informe señala que el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales en Colombia sigue siendo la acción de tutela, de las que en 2019 se interpusieron 620.257 por presuntas violaciones a un derecho fundamental. Los principales derechos fundamentales que se invocaron el año pasado fueron: de petición (244.553); a la salud (207.368); al debido proceso (76.447); al mínimo vital (39.284); a la ayuda humanitaria (23.154); a la seguridad social (21.887) y a la vida (15.325).
La Defensoría señala que las cifras halladas en el estudio demuestran que continúa la violación sistemática y reiterativa, como las barreras de acceso a los servicios y las autorizaciones demoradas o negadas, incluso de los servicios y tecnologías que se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). El documento también señala que, "en primera instancia, las tutelas que invocaron el derecho fundamental a la salud tuvieron fallo a favor en el 79,9 % de los casos, el porcentaje más bajo en los últimos 5 años".
Las tutelas por servicios de salud incluidos en el PBS, presentaron un incremento del 5,2% con relación al año anterior, llegando al 85,32% del total. Para la Defensoría, el resultado no tiene justificación porque estos servicios deberían estar cubiertos a través del aseguramiento en salud y financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se paga por el Estado a las EPS a través de la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES), de manera oportuna y por anticipado. La mayor parte de estas tutelas están asociadas a enfermedades crónicas y patologías de alto costo.
Las vulneraciones al derecho a la salud por regiones
En todas las regiones del país ocurren vulneraciones del derecho a la salud, destaca el informe. "El indicador nacional de número de tutelas en salud por cada 10.000 habitantes fue de 42 acciones y los departamentos con los indicadores más altos fueron: Risaralda (103), Arauca (102), Caldas (99), Norte de Santander (94) y Quindío (80)", detalla.
En 1.032 municipios, que representa el 92% de los 1.122 municipios del país, se interpuso al menos una tutela que invocaba el derecho a la salud. Los municipios con más tutelas por cada 10.000 habitantes están en Santander, Antioquia y en el Eje Cafetero. Los municipios en los que más se presentaron tutelas son: Prado, Tolima (494 tutelas); Capitanejo, Santander (330); San José de Miranda, Santander (277); Málaga, Santander (221); Concordia, Antioquia (220); Ocaña, Norte de Santander (208); y La Dorada, Caldas (204).
En todos ellos la problemática es común: la interrupción de los tratamientos, la no entrega o entrega parcial de medicamentos y la demora en las citas médicas especializadas, entre otras. Y se presentan tanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como a los regímenes exceptuados del Magisterio, las Fuerzas Militares y de Policía y al sistema de salud de las personas privadas de la libertad.
La EPS a las que más tutelas se les interpone
El documento señala que, "al igual que en los dos últimos años, Medimás/Cafesalud se constituyó como la entidad más demandada en 2019, con 28.839 tutelas (13,88 %), seguida de Nueva EPS con 21.569 (10,38 %), Coomeva con 20.849 (10,03 %), Savia Salud con 14.351 (6,91 %) y Asmet Salud con 8.507 (4,09 %). Sin embargo, añade que, "según el indicador 'número de tutelas por cada 10.000 afiliados', las aseguradoras con el mayor número de acciones fueron: Coomeva, Medimás/Cafesalud, Savia Salud, Ecoopsos y Comfaoriente".
Asimismo, revela que "las acciones de tutela en salud contra los regímenes de excepción se incrementaron en un 8,49 %; las Fuerzas Armadas y de Policía cuentan con el mayor número ellas, pues sumaron 7.339 acciones, seguidas del régimen de salud del Magisterio con 5.465 acciones, lo cual significó un incremento del 21 % con relación al año anterior". "Las tutelas contra el INPEC, las penitenciarías y la USPEC para reclamar servicios de salud presentan niveles similares a 2018. Se observó una mayor interposición en los departamentos de Tolima, Bogotá y Valle del Cauca", añade.
"Coomeva, Medimás/Cafesalud y Savia Salud, que en el año 2019 ocuparon los primeros lugares en número de tutelas por cada 10.000 habitantes, han estado presentes, de manera reiterativa, en los primeros lugares durante los últimos 5 años", apunta el documento, que destaca: "Por consiguiente, se observa una
clara falta de interés en buscar soluciones de mejora y en garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados". "Lo mismo ocurre con las tutelas contra el INPEC, las penitenciarías y la USPEC, pues cada año aumentan las acciones en su contra", añade.
En el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) las tutelas en salud contra las entidades que lo conforman aumentaron en un 8,65 %. "La ARL Positiva fue la entidad con el mayor número de acciones en este grupo (47,53 %) y, además, tuvo un incremento del 4,95 %", explica el informe. Asimismo, señala que "las tutelas en salud contra las Administradoras de Fondos de Pensiones aumentaron en un 53,1 %, con ocasión al incremento de las acciones contra Colpensiones". "Durante el 2019 se realizaron 487.014 solicitudes en las 207.368 tutelas que invocaron el derecho a la salud", indica el texto.
Escaces de talento humano en salud
La Defensoría destaca, en cuanto a los recursos del sistema, que "es claro que el talento humano en salud es insuficiente y se sigue concentrando en los sitios de mayor densidad poblacional". "Esto se evidencia en el alto volumen de solicitudes de citas médicas especializadas en las tutelas", añade.
Asimismo, en cuanto a la coyuntura por la pandemia de Covid-19, el documento resalta que "se ha evidenciado de una manera importante la distribución inequitativa de las unidades de cuidados intensivos, ya que hay departamentos, como el Amazonas, que no cuentan con estos servicios ni con talento humano disponible, aunado a la falta de capacidad de los laboratorios de salud pública a nivel territorial".
"El incumplimiento de las garantías y de la materialización efectiva y sostenible del derecho a la salud genera morbilidad, mortalidad y discapacidad, eventos que podrían ser evitables. Por lo tanto, se requiere de un sistema de salud justo, centrado en las personas, acompañado de políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de la población y, especialmente, que brinde un trato digno a los pacientes, al personal sanitario y, en general, a la comunidad a la que le sirve", concluye señalando el informe de la Defensoría.
Acceda al texto completo del informe 'La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social' de la Defensoría del Pueblo aquí.
