La imputación se hace contra tres exgobernadores, dos EPS, el representante legal de una IPS pública y tres uniones temporales prestadoras de servicios.
La Contraloría General de la República (CGR), a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por $202.767.134.694, contra dos EPS, el representante legal de una IPS pública, tres uniones temporales prestadoras de servicios y tres gobernadores, por irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2017 y enero de 2021, inclusive, con ocasión de la ejecución de un contrato interadministrativo celebrado entre la Gobernación del archipiélago y una IPS pública.
La CGR dio a conocer que determinó que las EPS solicitaron a la ADRES $94.936.891.152, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las islas y, a su turno, las EPS giraron a las uniones temporales prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias. Asimismo, la Contraloría advirtió que se giraron $16.293.645.185 por concepto de subsidio de la oferta en salud, cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria.
Igualmente, el ente de control señala que encontró que se pagaron $87.172.819.868 a la IPS pública que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias. Por otra parte, la Contraloría General de la República indica que se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
Finalmente, la CGR dio a conocer que pudo constatar que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por $633.611.856.
