El proyecto de ley que fortalece la capacidad sancionatoria de la Supersalud pasa a sanción presidencial

Fue aprobado por el Congreso de la República.

Redacción 20/12/2018 - 11:22 | Compartir:

Luego de su aprobación en Plenaria del Senado de la República, el proyecto de ley que busca otorgarle mayores facultades sancionatorias a la Superintendencia Nacional de Salud está a un paso de convertirse en Ley de República.

El proyecto de ley que fortalece la capacidad sancionatoria de la Supersalud pasa a sanción presidencialSegún el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, este proyecto permitirá actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación de este servicio. Entre otros aspectos, permitirá elevar las multas de un máximo de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 2.000 SMLMV para personas naturales. Contempla, también, multas sucesivas para quienes no cumplan con una orden impartida por la Supersalud, de hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta los 300 SMLMV para personas naturales.

De igual manera, aumenta el catálogo de sanciones. Así, desde su implementación, la Superintendencia podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS, o de las demás entidades vigiladas, e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. "Lo que logramos es que las personas que cometen estos delitos y no manejan bien los recursos de la salud, se aparten del sistema", aseguró Aristizábal Ángel.

​Otro de los alcances que destacó el funcionario es la consolidación del juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud. Afirmó que la Superintendencia podrá dedicarse más a los riesgos en salud que a los riesgos económicos, con la eliminación de competencias jurisdiccionales que no corresponden propiamente al objeto de la Entidad. "Solo dos de los asuntos jurisdiccionales que debe atender la Entidad, involucran la salud del usuario, los otros cinco son temas económicos que tienen que ver con facturas o pagos de licencias, que podrían resolver los jueces", indicó, y además expresó que, al concentrar las acciones judiciales de la Superintendencia en los casos que involucran realmente la calidad de la salud del usuario, se descongestionará el sistema y se ganará terreno en el mejoramiento de la calidad y la oportunidad de los servicios.

​También, destacan desde la Supersalud, se modifican los términos para decidir en la función jurisdiccional, con el fin de, aseguran, emitir sentencias responsables con la sostenibilidad financiera del sector y con la eficiencia del gasto público, acordes con principios como el de universalidad sin dejar de lado la protección del derecho a la salud. De acuerdo con lo anterior, la nueva ley contempla que en 20 días se resolverán demandas sobre negación de cobertura del Plan de Beneficios en Salud (PBS), conflictos de multiafiliación, de libre elección y movilidad, y prestaciones excluidas del PBS. En 60 días lo que tiene que ver con reembolsos económicos y gastos médicos y en 120 días devoluciones y glosas. Finalmente, fija los límites a los procesos de reorganización.

"Con el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud, la modificación de los términos para decidir en la función jurisdiccional y el reenfoque de las facultades como juez de la salud en los asuntos técnicos y no en los administrativos, la Superintendencia contará con las herramientas necesarias para que quienes atentan contra los recursos de la salud no lo sigan haciendo", destacó Aristizábal Ángel.

​Este proyecto de ley, que ya tuvo el respaldo del Congreso de la República, pasa a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República este mismo año.

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