Comisiones VII del Congreso aprueban el proyecto que fortalece la capacidad sancionatoria de la Supersalud

La próxima semana el proyecto de ley pasa a plenarias de Cámara y Senado.

Redacción 06/12/2018 - 08:18 | Compartir:

Las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado aprobaron el proyecto de Ley 198 de 2018, que le da a la Superintendencia Nacional de Salud facultades para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud.

Comisiones VII del Congreso aprueban el proyecto que fortalece la capacidad sancionatoria de la SupersaludSegún el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, el respaldo unánime de los congresistas que integran las comisiones séptimas de Cámara y Senado, en las que hay representación de 13 partidos, demuestra que la salud no tiene un color político y que, por el contrario, es un tema de interés nacional sobre el que apremia una intervención más profunda y severa.

El proyecto de ley, que lleva mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, busca el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud a través del endurecimiento de las medidas de control y la elevación de las multas que ahora pasan de un máximo de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a 8.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta de 2.000 SMLV para personas naturales, monto ajustado por los mismos congresistas, pues el proyecto inicial planteaba que el máximo fuera hasta de 1.000.

En el proyecto se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y de hasta 300 SMLMV a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Superintendencia ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.

La Supersalud podrá, además, suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos, hasta por 15 años, para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

En el proyecto también se propone la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de tres a cinco años, teniendo en cuenta que, según argumenta la Superintendencia, los tres años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.

Asimismo, se plantea el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de uno a dos años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado), a efectos, señalan desde el órgano de control, de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del SGSSS.

Otro de los alcances está enfocado en consolidar al juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad, destaca la Supersalud, emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.

La próxima semana este proyecto de ley, que ya tuvo un respaldo en bloque de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, pasa a segundo debate en plenarias en las dos corporaciones.

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