La Comisión VII del Senado discute un proyecto para fortalecer la capacidad sancionatoria de la Supersalud

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, explicó cuáles serían los cambios.

Redacción 01/11/2018 - 09:18 | Compartir:

En la Comisión Séptima del Senado de la República se está llevando a cabo la discusión preliminar del borrador de un proyecto de ley que tiene como fin mejorar las capacidades de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, en especial su capacidad sancionatoria, con el fin de salvaguardar el uso eficiente de los recursos de la salud en nuestro país.

La Comisión VII del Senado discute un proyecto para fortalecer la capacidad sancionatoria de la SupersaludEl documento, como explican desde el Congreso de la República, tiene por objeto incorporar algunos cambios en el modelo de inspección, vigilancia y control vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a efectos de proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Asimismo, busca mitigar los efectos negativos de los procesos de reorganización en el flujo de recursos y pago de acreencias de las entidades que intervienen en estos, añaden.

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, señaló al respecto que la entidad que dirige podría imponer sanciones como amonestación escrita, multas entre 200 y 8.000 salarios mínimos legales vigentes para personas jurídicas y entre 50 y hasta 1.000 para personas naturales. Igualmente, explicó que de aprobarse este proyecto el ente de control podría ordenar la revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento, la suspensión de la certificación de autorización y el cierre temporal o definitivo de algunos servicios, así como la remoción de representantes legales o de revisores fiscales de las entidades que están bajo su supervisión.

Finalmente, señalan desde el Congreso que se espera que con las distintas medidas adoptadas en esta iniciativa se contribuya a solucionar aquellos problemas recurrentes en la prestación de servicios de salud, que motivan el incumplimiento reiterado de los actores y el uso permanente de la acción de tutela por parte de los usuarios, en atención a la falta de acceso real a servicios de calidad en muchas regiones del país.

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