MinSalud debe modificar la normativa sobre eutanasia en cuanto a consentimiento sustituto y plazos

Asimismo, EPS e IPS deben brindar información sobre las distintas dimensiones a través de las cuales se puede materializar el derecho a la muerte digna.

Redacción 22/02/2018 - 10:37 | Compartir:

La Corte Constitucional, al revisar un fallo de tutela, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, actualizar, en un término de cuatro meses, la Resolución 1216 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamenta el Derecho a Morir Dignamente, en lo atinente al 'consentimiento sustituto' y plazos para emitir una respuesta, entre otros aspectos.

MinSalud debe modificar la normativa sobre eutanasia en cuanto a consentimiento sustituto y plazosLa accionante elevó una petición a la EPS FAMISANAR, el 25 de octubre de 2016, a través de la cual solicitó garantizar el derecho a la muerte digna de su hija, a través de la aplicación de la eutanasia, quien se encontraba en estado vegetativo permanente, con una enfermedad degenerativa, permanente, irreversible y crónica.

Según la valoración médica efectuada el 17 de julio de 2017, el estado en que se encontraba la paciente era 'vegetativo permanente', razón por la cual su madre, quien había sido designada como curadora principal en proceso de interdicción, presentó la petición haciendo uso de la figura del 'consentimiento sustituto', avalado en la sentencia T-970 de 2014, para los casos en que la persona se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento, la cual señala que "en estos casos y en aras de no prolongar su sufrimiento, la familia, podrá sustituir su consentimiento". 

Modificación de la Resolución 1216 de 2015

Sin embargo, indica la Corte que la Resolución 1216 de 2015, en su artículo 15, condiciona el consentimiento sustituto a que el paciente haya expresado su voluntad de someterse a tal procedimiento de forma previa y que haya quedado constancia escrita de ello, en documento de voluntad anticipada o testamento vital, "haciendo nugatoria la figura" y "poniendo en una situación de desventaja o discriminación a los pacientes incapacitados para hacer tal manifestación, frente a la protección de su derecho a morir con dignidad". Por lo que el alto tribunal considera necesario que se hagan las modificaciones pertinentes en la Resolución 1216 de 2015. 

De esta manera, ordena al Ministerio de Salud que adecue la Resolución 1216 de 2015, en relación con el consentimiento sustituto, de acuerdo con lo establecido en la sentencia T-970 de 2014, y que regule el trámite que deberá adelantarse en caso de presentarse esta forma de consentimiento.

Asimismo, que regule el trámite a seguir cuando se advierta por el médico tratante la necesidad de convocar al Comité de Ética Hospitalaria, con el fin de evaluar la salud del paciente, el manejo terapéutico y las consecuencias del mismo, en observancia del mejor interés de éste; y cuando el paciente exprese su voluntad de no continuar con el tratamiento o, por sí mismo o por interpuesta persona, solicite la limitación del esfuerzo terapéutico o la readecuación de las medidas asistenciales. En todo caso deberá contemplarse, entre otros elementos mínimos: plazos para emitir una respuesta, consentimiento sustituto y acompañamiento constante e integral para el paciente y su familia.

Obligación de las EPS e IPS

Asimismo, indica la providencia que se hace necesario precisar que el derecho a la muerte digna incluye el de recibir información sobre las distintas dimensiones a través de las cuales se puede materializar dicho derecho. "Para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social debe emitir una directriz con el fin de que las EPS e IPS, públicas y privadas, y demás prestadores del servicio de salud adecuen sus protocolos, de conformidad con lo dispuesto en esta sentencia".

De otra parte, la Corte afirma que aún existen graves fallas en la atención preferencial y urgente que demandan las solicitudes relacionadas con la puesta en marcha del procedimiento que contempla la Resolución 1216 de 2015, como uno de aquellos encaminados a garantizar el derecho a una muerte digna. Por último, reitera el exhorto al Congreso de la República para que en el término de dos años, a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente.

El derecho fundamental a la muerte digna

La providencia recuerda que el derecho fundamental a la muerte digna, según ha establecido la jurisprudencia constitucional, tiene carácter fundamental y una íntima relación con la vida, la dignidad humana y la autonomía; que obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale a un trato cruel e inhumano; que la falta de regulación constituye una barrera para su materialización; que no hay distinciones o condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios de este derecho; y que, en virtud de los principios de igualdad y no discriminación, defensa del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la efectividad y prioridad absoluta de sus derechos, éstos  son titulares del derecho a la muerte digna.

Asimismo, indica que como presupuestos para hacer efectiva esta garantía se han establecido el padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores; de una persona mayor de 18 años o menor, de acuerdo con el desarrollo cognitivo y psicosocial; y que exprese su consentimiento libre, informado e inequívoco, que también puede ser sustituido, en el caso de menores con las particularidades que ello implica.

De otra parte, ha requerido que se regule un procedimiento para garantizar una muerte anticipada o “eutanasia”, una de las dimensiones de este derecho, a través de la conformación de Comités Científicos Interdisciplinario y un protocolo médico para su materialización, siempre observando criterios como la prevalencia de la autonomía del paciente, celeridad, oportunidad e imparcialidad; y que se provea de la infraestructura necesaria para desarrollar esta garantía.

En último lugar, la Corte también ha destacado que los pacientes deben conocer sus derechos y deberes frente al derecho a la muerte digna.

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