Relacionados con la ejecución de un contrato suscrito entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral.
La Contraloría General de la República (CGR) determinó 22 hallazgos fiscales y disciplinarios por $718 millones de pesos debido a las irregularidades que se dieron en la ejecución del contrato interadministrativo 637 de 2016 suscrito entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, con el objeto de apoyar actividades de promoción, prevención y control de dengue, chikunguya y zika en 11 municipios de este departamento.
El Hospital subcontrató tales actividades con la IPS Fundasalud, empresa que a su vez realizó otra subcontratación; según la CGR, estas dos entidades cobraron y se les pagó indebidamente por gastos operativos en el manejo de los contratos, sin que los ejecutaran directamente.
Según la información aportada por el ente de control, el contrato inicial que suscribieron la Secretaría de Salud departamental y el Hospital de Chaparral tenía un valor total de $1.000 millones, de los cuales $930 millones transfirió el centro asistencial subcontratando con Fundasalud IPS. Las actividades contratadas debían adelantarse en los Municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.
Pagos indebidos a la IPS Fundasalud
En la auditoría adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Tolima, el organismo de control asegura que verificó que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral no ejecutó las actividades contratadas con el departamento sino que subcontrató en su totalidad las mismas con Fundasalud IPS, transfiriendo los recursos de la cuenta exclusiva del convenio a una cuenta no controlada. Además, indica que en el estudio previo, no se determinaron los objetos de los contratos con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios requeridos para desarrollar cada una de las actividades contratadas.
La CGR indica que existía un antecedente de facturas de transporte presuntamente alteradas para legalizar el pago de servicios no prestados por valor superior a los $140 millones, por lo que se requirió revisar en detalle cada una de las facturas y pagos presentados por Fundasalud IPS.
Asimismo, una vez analizada la información recopilada por parte del equipo auditor, la Contraloría señala que se evidenció que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral pagó indebidamente a esta IPS, a través del contrato número 246 de 2016, la suma de $718,6 millones, correspondientes al 77,26% del valor total de lo contratado ($930 millones). De ese valor, $144,8 millones se determinaron como hallazgo fiscal en la auditoría realizada por la Gerencia de la CGR en 2017, y $573,8 millones se encontraron al resolver el derecho de petición de una denuncia ciudadana. La mayor parte de esta última suma, exactamente $513,7 millones, corresponde a actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada, destaca la CGR.
Otros $60 millones corresponden a lo que Fundasalud le cobró al Hospital San Juan Bautista y este le pagó indebidamente, por concepto de gastos operativos por el manejo del contrato, cuando esa IPS no las realizó directamente, sino que las subcontrató, añade el ente de control.
Actividades que no se ejecutaron y sí se pagaron
Fundasalud IPS subcontrató con personas naturales y jurídicas, entre las cuales se encuentra la Fundación Renacer al Tolima, a la que se la pagó el 35% del valor del contrato para que desarrollaran todas las actividades de salud pública contenidas en el objeto contractual; entre ellas, capacitación, recolección de inservibles, transporte de personal, suministros de elementos, apoyo logístico, promoción, perifoneo y divulgación. La Contraloría afirma que pudo establecer que dichas actividades se cobraron sin que se evidenciara su ejecución.
Otras actividades, como la recolección de inservibles, se cobraron, pero las mismas fueron realizadas por la comunidad, los estudiantes, policía y las empresas de servicios púbicos de cada Municipio, con su personal y carros recolectores, entre otros, añade la CGR. También, se cobró por el alquiler de sillas, video beam y computadores, cuando estos fueron suministrados por las instituciones educativas y entidades en donde se realizaron las actividades.
Por último, el ente de control señala que se le pagó a la Fundación Renacer al Tolima por servicios de capacitación y de transporte, pero se evidenció que no hubo presencia de personal en los lugares donde se debió adelantar la capacitación; es decir, que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron.
