Lo que limita o imposibilita el ejercicio de derechos básicos y el acceso a programas de salud, protección, vivienda y educación.
El 4 % de la población colombiana no tiene registro civil, lo que quiere decir que no ha nacido en la vida jurídica, por lo que técnicamente estas personas no existen para el Estado y por eso no pueden ejercer sus derechos, según un estudio realizado entre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Universidad Nacional de Colombia (UN), y el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Informa la Universidad Nacional que la búsqueda de alternativas y acciones concretas para atender de manera adecuada a la población indígena motivó el desarrollo de esta investigación. El antropólogo Sergio Lesmes, investigador del IEPRI, explica que para el estudio se indagó en los pueblos indígenas cómo se están llevando a cabo los procesos de registro e identificación y se determinaron las razones por las que estos no logran disfrutar plenamente de la oferta institucional de la Registraduría.
Además, se encontró que el subregistro varía según cada pueblo indígena. Según los resultados del estudio, por ejemplo, los arhuacos tienen el 90 % de su población registrada e identificada, debido a que una persona de su comunidad asumió el papel de registradora, pero entre los jiw, que se caracterizan por ser nómadas, en reciente proceso de sedenterización, el subregistro es del 90 %.
A lo anterior se suma que existen tres tipos de registro: el de nacimiento, el de matrimonio y el de defunción, y en cada uno hay un subregistro particular, por lo que falta información en relación con las estadísticas vitales. Para superar estas barreras, señalan los investigadores que se necesita un trabajo articulado entre diferentes entidades, además de la Registraduría, como son los ministerios de Salud, Educación e Interior, entre otros órganos e instituciones del Estado.
Causas del subregistro
En departamentos como Vaupés y Chocó, en los que predominan las vías fluviales, las personas pueden tardar entre uno y tres días viajando en lancha para llegar a la cabecera municipal y poder hacer los trámites en la Registraduría más cercana; y en zonas como La Guajira, un terreno desértico, también deben hacer largos viajes y asumir los costos correspondientes, explica el estudio.
No obstante, Liliana Gracia Hincapié, antropóloga e investigadora del IEPRI, señala que la Registraduría ha dispuesto una Unidad de Atención a la Población Vulnerable, un esquema móvil que intenta llegar lo más cerca posible a esos territorios. Sin embargo, es un equipo que, a pesar de sus esfuerzos, no logra atender las necesidades de registro e identificación de toda la población indígena del país.
Por su parte, Yamile Rojas Luna, abogada con estudios en interculturalidad e investigadora del IEPRI, resalta que la brecha cultural entre los funcionarios y los indígenas, que incluye la amplia diversidad de lenguas (65 en total) y costumbres, ocasiona errores recurrentes tanto en el diligenciamiento de las fechas de nacimiento consignadas en los registros, como en la escritura incorrecta de nombres y apellidos.
Angie Johana Pineda Ardila, licenciada en ciencias cociales y pedagoga intercultural, añade que muchos de los pueblos indígenas manifestaron que en sus prácticas cotidianas los documentos de registro e identificación son elementos culturales ajenos a su idiosincrasia, por lo que tienen poco valor práctico o sentido de utilidad. Lo anterior explica su constante extravío o deterioro, aunque son necesarios para acceder a derechos básicos y programas de salud, protección, vivienda y educación.
