Los imputados, de la Fundación Peces Vivos, serán recluidos en el Coiba de Picaleña de Ibagué.
La juez 7 penal municipal con función de control de garantías de Ibagué dictó medida de aseguramiento en contra de la directora y representante legal de la Fundación Peces Vivos, y nueve trabajadores más de esa institución.
Como ya informó El Diario de Salud las capturas se efectuaron mediante orden judicial el pasado 19 de octubre en la capital tolimense y, ante la juez de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio
Según la investigación, la citada fundación a la que están vinculados los procesados, que es operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que funciona en la modalidad de internado para personas con discapacidad mental, estaría presuntamente incurriendo en tratamientos inadecuados con los menores, a quienes supuestamente les ocasionaban dolor físico y los sujetaban de sus extremidades a las camas o las sillas. Asimismo, la Fiscalía determinó que los menores eras sometidos a tratos crueles y denigrantes, protocolos que no son acordes a los lineamientos expedidos para la fundación.
Sin la aprobación del psiquiatra
La Fiscalía General de la Nación afirma que, en la audiencia, la fiscal evidenció que dichas contenciones no contaban con la aprobación del médico psiquiatra tratante de los menores y que, al parecer, serían las psicólogas quienes ordenaban el suministro de medicamentos, faltando de manera flagrante a los protocolos de buenas prácticas médicas y la regulación del Ministerio de Salud.
Por estos hechos la juez envió a la cárcel a estas diez personas. Los imputados serán recluidos en el Coiba de Picaleña de la ciudad de Ibagué (Tolima).
