Procuraduría anuncia investigaciones por varios posibles casos de corrupción en Córdoba con recursos de la salud

Como una nueva investigación contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y presuntas irregularidades en la adquisición de químicos y equipos hospitalarios, entre otros. 

Redacción 18/06/2019 - 16:20 | Compartir:

La Procuraduría General de la Nación (PGN), entre otras investigaciones de posibles casos de corrupción relacionados con recursos de la salud, abrió investigación disciplinaria contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por presuntas irregularidades en el pago de cerca de tres mil millones de pesos en servicios odontológicos especializados, tratados como urgencias vitales, que no habrían sido contratados. La medida también cobija a los exsecretarios de Salud del departamento, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lourdy.

Procuraduría anuncia investigaciones por varios posibles casos de corrupción en Córdoba con recursos de la saludEl Ministerio Público busca determinar si el exgobernador pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente omitir el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados, entre junio y octubre del 2014, por los secretarios de salud de la época con la IPS Maxilofacial de Córdoba, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta y Odontológica IPS.

Asimismo, se espera determinar si los secretarios de salud pudieron incurrir en irregularidades contractuales al reconocer y pagar cinco resoluciones a favor de la IPS FM Maxilofacial de Córdoba, por valores superiores a los $1.500 millones de pesos; una a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos, por la prestación de servicios especializados a 37 pacientes con patologías no POS, por $ 430.759.439; una resolución a favor de Odontológica I.P.S S.A.S, por $308.624.907; y, un último acuerdo, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, por $ 535.598.582.

Presuntas irregularidades en la adquisición de químicos y equipos hospitalarios 

De otra parte, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Córdoba por presuntas irregularidades en la adquisición de químicos y equipos hospitalarios en el departamento.

El ente de control busca establecer si existieron faltas disciplinarias en los procesos contractuales adelantados con la Fundación Unidos por la Salud (Funsalud) relacionadas con el sobrecosto e incumplimiento en la entrega de suministros requeridos por los centros de atención hospitalaria de la región. Al respecto, el Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la ocurrencia de la conducta, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Sobrecostos en obras de hospital de Chinú, que no ha empezado a construirse

La Procuraduría General de la Nación también abrió investigación contra el entonces secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Eduardo Germán Vélez Baquero, por presuntas irregularidades en la construcción del nuevo Hospital San Rafael del municipio de Chinú, que contaba con un presupuesto inicial asignado de $11.000 millones de pesos.

La Procuraduría Regional de Córdoba inició la acción disciplinaria con base en un informe de la delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente que, como parte de su función preventiva, realizó visitas al municipio de Chinú el 11 de marzo y el 13 de junio, en las que habría evidenciado presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del nuevo hospital, que estarían originadas en una eventual vulneración del principio de planeación.

El 6 de abril de 2018 la Gobernación de Córdoba suscribió el Contrato 695 con el Consorcio Hospitalario de Córdoba para la construcción de un moderno centro asistencial, que beneficiaría a cerca de 48.000 ciudadanos y que se pretendía fuera inaugurado a mediados de 2019. Según informa la PGN, aunque se entregó un anticipo de más de $4.613 millones de pesos, el contrato fue suspendido en julio por fallas en los estudios y diseños previos, que no habrían sido advertidas en la etapa de planeación.

La Procuraduría también investiga presuntos sobrecostos en la obra, a la que pese a los 11 meses de suspensión le han realizado nuevos diseños, elevando el valor del contrato a más de $14.933 millones de pesos, lo que implicaría una adición de más de $3.399 millones. Las presuntas fallas en el proceso de planeación y ejecución del contrato habrían generado un impacto negativo en la construcción de la infraestructura hospitalaria de Córdoba y del municipio de Chinú, incrementado los costos del proyecto y afectado el derecho a la salud de los habitantes de la región nordeste del departamento.

Suspendida la gerente del Hospital de San Diego de Cereté por sobrecostos hasta de 700% en la compra de medicamentos

Fruto de otro proceso en Córdoba, la PGN abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión por tres meses de la gerente de la ESE Hospital San Diego de Cereté, Betty Margarita Paternina Negrete, por presuntas irregularidades en por lo menos siete contratos de suministro de medicamentos, que superan los $1.600 millones y en los cuales se habrían presentado sobrecostos hasta del 200% entre sus proveedores y de 780% con relación a las compras de otras empresas sociales del estado.

En concreto, el Ministerio Público investiga presuntos sobrecostos en el valor de los medicamentos, que entre los contratos del hospital San Diego con los del hospital Federico Lleras presentan sobrecostos hasta de 780%, como habría ocurrido con el producto Fluoxetina, cápsulas por 20 mg, que el Federico Lleras Acosta adquirió por un valor de $27 pesos, mientras que el Hospital de Cereté las compró a $240 pesos; o la Rifampicina, cápsulas por 300 mg, que el Federico Lleras de Ibagué adquirió por $423 tableta y el Hospital de Cereté por $2.400.

Destituido gerente y cuatro miembros de la Junta Directiva de la ESE Hospital San Jerónimo, de Montería

Por último, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años a la gerente de la ESE Hospital San Jerónimo, de Montería, Isaura Margarita Hernández Pretelt, y a los miembros de la Junta Directiva, Teresita Uribe Puche, Félix Manzur Jattin, Yudis Jiménez Movilla y Luis Narváez Molina, por elaborar un acta de reunión con información falsa.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Córdoba estableció que la sesión certificada en el acta de fecha 26 de diciembre de 2017 nunca se realizó y que el propósito de los disciplinados al elaborar ese documento era enmendar conductas irregulares cometidas en la sesión del 18 de diciembre de ese mismo año, que ya eran objeto de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

En esa ocasión, los sancionados modificaron la planta de cargos de la ESE sin tener en cuenta que por Ley de Garantías no podían realizar esos cambios por estar a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas, que se realizaron el 11 de marzo de 2018.

El Ministerio Público señaló en el fallo que los investigados plasmaron en un documento público, con potencialidad probatoria y efectos jurídicos y administrativos, un suceso que no aconteció, pues quedó evidenciado de distintas formas probatorias que el 26 de diciembre de 2017 no se reunió la Junta Directiva del hospital, y que el contenido del acta estaba colmado de falsedades, como su fecha de expedición, el lugar de la reunión, el desarrollo de la sesión, el supuesto debate o discusión y la aprobación de las propuestas.

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