También fueron imputados la exdirectora del laboratorio clínico y un contratista. La Investigación da cuenta de un posible detrimento patrimonial de 22.648 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación (FGN) presentó ante un juez de control de garantías a la exgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro – Oriente de Bogotá, Martha Yolanda Ruiz Valdés, a la exdirectora del laboratorio clínico, Nubia Inés Varela Morato, y al contratista Juan Carlos Martínez Concha, como presuntos responsables de irregularidades de contratación entre abril de 2017 y octubre de 2018.
Los hechos que se les atribuyen estarían relacionados con la celebración de tres contratos para el suministro de reactivos, insumos y dispositivos y la entrega de equipos automatizados, software e Interfax con historia clínica electrónica para los laboratorios central y satélite de la Subred de salud. Según señala la Fiscalía, el primer contrato se pactó en 2.020 millones de pesos; sin embargo, producto de varias adiciones ascendió a 8.080 millones de pesos. El segundo, tuvo un valor inicial de 979 millones de pesos, pero, luego de incluir medicamentos e insumos que, supuestamente, faltaban, alcanzó los 3.917 millones de pesos. El tercero, también habría sido modificado en plazo y presupuesto, y cerró en 496 millones de pesos.
La Fiscalía señala que en los procesos contractuales, al parecer, no existieron estudios de mercado ni análisis de precios unitarios de medicamentos e insumos. Asimismo, detectó que se habría direccionado la contratación a un solo proponente, lo cual limitó la pluralidad de oferentes. El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, se solicitaron cotizaciones e invitaron a empresas en liquidación, que no contaban con matrícula mercantil ni Registro Único Tributario (RUT). Esto, al parecer, habilitó el laboratorio de Juan Carlos Martínez como la única opción a contratar.
Finalmente, hay evidencia de un posible sobrecosto de 284 % en los precios de los medicamentos e insumos detallados en los contratos. De esta manera, se habría causado un detrimento patrimonial superior a 22.648 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó a los tres procesados, de acuerdo con rol y presunto grado de participación, los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y especulación.
Por último, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer en relación con este caso que los cargos no fueron aceptados.
