Consejo de Estado ordena reintegrar al INVIMA 4.000 millones de pesos que le fueron defraudados en 2002

Tras resolver una acción popular en contra, entre otros, de un exdirector del Instituto.

Redacción 12/07/2017 - 12:04 | Compartir:

El Consejo de Estado resolvió una acción popular en contra, entre otros, de la sociedad Inversiones Rangel Amado y CIA y el exdirector del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) Camilo Uribe Granja, por vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público, a quienes les ordena reintegrar a esta institución cerca de 4.000 millones de pesos.

Consejo de Estado ordena reintegrar al INVIMA 4.000 millones de pesos que le fueron defraudados en 2002Los hechos que motivaron la acción popular se remontan a diciembre de 2001, cuando el entonces director del INVIMA suscribió un contrato para la compra de un inmueble donde funcionaría la entidad en Bogotá, por un valor de 4.000.000.000 de pesos, sin contar con el avalúo del inmueble por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o de la Lonja de Propiedad Raíz que era obligatorio, según explica en su providencia el Consejo de Estado.

Explica el fallo que dicho avalúo, entregado en febrero de 2002, fijó el precio comercial del inmueble en menos de la mitad de lo pactado y, pese a ello, el funcionario se apresuró a suscribir la escritura pública de compraventa y pagó lo ya convenido.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, en concreto señala que, "aun partiendo de que la actuación del señor Uribe Granja hubiera sido de buena fe –lo que está más que desvirtuado–, no es posible justificar que un gestor del presupuesto público, ante la palmaria diferencia en los valores de los avalúos conocidos procediera a pagar una suma que duplicaba la determinada por el IGAC como precio del inmueble adquirido".

"Tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestión pública que se adelantaba, todos en detrimento económico de la entidad, no permiten conclusión distinta a la presencia de un acto de corrupción, en el que se pretendió y logró defraudar el patrimonio de la entidad que el señor Uribe Granja dirigía en suma superior a los $2.000.000.000 de la época", añade la providencia.

El Consejo de Estado hace, asimismo, un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que en casos que involucren afectación patrimonial de la Nación, adelanten con celeridad todas las actuaciones que la ley impone para evitar la prescripción de las acciones disciplinarias y hacer posible el cobro efectivo de las obligaciones impuestas en fallos por responsabilidad fiscal. 

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