Los cementerios coloniales y la salud pública

El 18 de julio de 1539, veinte días antes de la fundación de Tunja, el Emperador Carlos V, autorizaba oficialmente la sepultura de los muertos en las iglesias y conventos en sus dominios del Nuevo Mundo, ordenando: "Que los vecinos naturales de Indias se puedan enterrar en los monasterios e iglesias que quisieran".

Desde su fundación hasta el siglo XIX, iglesias y conventos suministraron el servicio de enterramiento a la rica feligresía en criptas y antecapillas o en cementerios contiguos a las iglesias. Santa Bárbara tenía un cementerio aledaño al templo y la Iglesia Mayor de Santiago tenía otro en el lote de la Atarazana. El Hospital de la purísima Concepción tenía su cementerio anexo desde 1553, que se funda. Y se encuentra, en las actas del cabildo de Tunja de 1567, la pretensión del arzobispo del reino, Fray Juan de los Barrios, de hacer un cementerio en Tunja frente a la Iglesia Mayor y frente al convento de San Francisco. La empresa encontró gran oposición por parte del cabildo, con el argumento de que el sitio era espacio público del que la Iglesia no podía disponer. El cementerio anexo a la Iglesia Mayor reemplazó al que se proyectaba hacer en el espacio público. 

Dos siglos y medio después, el ilustrado Carlos III, por resolución de 1786 y cédula de 1787, expresa otra mentalidad, la de los médicos higienistas del siglo XVIII, al determinar que "en beneficio de la salud pública", solamente se podrán sepultar en las iglesias, que literalmente hedían, a “las personas de virtud o santidad” y ordena construir cementerios: "comenzando por los lugares en que haya o hubiere habido epidemias, o estuviesen más expuestos a ellas, siguiendo por los más populosos y por las Parroquias de mayor feligresía". Ordena la construcción de cementerios en la periferia de las poblaciones, en sitios alejados y en terrenos adecuados, donde circule el aire que se considera purificador.

El cementerio es uno de los temas preferidos por los higienistas del siglo XVIII, y un espacio que se disputan Estado e Iglesia durante los siglos XVIII y XIX, en nombre de la Salud Pública. El paradigma miasmático de transmisión de las enfermedades, que caracteriza estas medidas borbónicas, se hace evidente en la real ordenanza expedida en 1796, referente a la Policía de Salud Pública, que está destinada a vigilar la higiene urbana; en ella se exige que los cadáveres deben ser sepultados: "con la profundidad competente, que no se expongan en parajes públicos, cuando han llegado a términos de una decidida y completa putrefacción y que las mondas se hagan en las horas y estaciones, y estado de la atmósfera menos expuestos a propagar los miasmas que despiden los cadáveres". 

En noviembre del mismo año, José Celestino Mutis publica su trabajo Sobre la necesidad de construir cementerios en las afueras de las poblaciones, que difunde, adapta y enriquece las medidas de los higienistas europeos del siglo XVIII, medidas que marcan la intervención médica en la administración política, con el fin de racionalizar la vida social, mediante la Higiene Urbana. En el cementerio de Mompox se plasman las ideas ilustradas de Mutis. Los cementerios públicos solo se concretarán en Colombia en el siglo XIX y los parques cementerio en el siglo XX.