La Supersalud reactiva el proceso de liquidación de la EPS indígena Manexka

La reasignación de los usuarios a una o varias EPS deberá ser objeto de una consulta previa.

Redacción 11/01/2019 - 11:31 | Compartir:

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 0052 del 8 de enero de 2019, ordenó continuar con el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación de Cabildos Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, Manexka EPSI, en cumplimiento de la Sentencia T-103 proferida por la Corte Constitucional el 14 de junio de 2017.

La Supersalud reactiva el proceso de liquidación de la EPS indígena ManexkaSobre la población que se encontraba afiliada a esta EPS y que es atendida, desde el 1 de abril de 2017, por cinco EPS receptoras, la Corte Constitucional indicó que la reasignación de los usuarios a una o varias EPS deberá ser objeto de una consulta previa que deberá adelantarse con la participación tanto de la comunidad indígena Zenú como de los representantes de la Supersalud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior, desde su Dirección de Consulta Previa.

La Supersalud recuerda que, mediante la Resolución 527 del 27 de marzo de 2017, la Entidad en ejercicio de sus facultades, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPSI Manexka, tras identificar una defraudación al sistema de salud en la que se desviaron recursos que fueron utilizados con fines distintos a la prestación del servicio de salud, amparándose en la protección especial indígena, hecho que, según señala el órgano de control, puso en riesgo a los más de 200.000 afiliados, quienes también fueron trasladados por la Supersalud a cinco EPS que operan en la región. 

Asimismo, la superintendencia destaca que, entre los hallazgos que dieron origen en su momento a la decisión, se encontraban la venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidenciara en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades, añade.

De igual manera, el órgano de control indica que Manexka no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento y que, de acuerdo con los libros contables, asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que el Gobierno nacional asigna por cada afiliado, complementa.

De otra parte, la Supersalud afirma que encontró contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones; pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones; gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud; y cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.

Igualmente, se identificó una celebración indebida de contratos con la IPS Samisalud, encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013; sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaban sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no, explica la Superintendencia.

Por último, se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables y se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por un valor de $733 millones, según destaca el ente de control.

Sin embargo, las acciones de la Supersalud fueron revocadas mediante un fallo de tutela del Juez Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y confirmado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por lo que la Supersalud suspendió el proceso liquidatorio de Manexka y, el 20 de noviembre del mismo año, procedió a dar inicio con el proceso de entrega de los bienes, haberes y negocios a los representantes de la EPSI.

En septiembre de 2017, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente de tutela y, el 25 de julio de 2018, a través de la Sentencia T-103, resolvió que el proceso de liquidación ordenado por la Supersalud sobre la EPS Indígena Manexka era legítimo constitucionalmente. En razón a esto, la Superintendencia Nacional de Salud, desde este 10 de enero, retomó el proceso de liquidación y, a través de una diligencia realizada por un equipo interdisciplinario del órgano de control en la sede principal de la EPS, notificó la continuidad del proceso de liquidación y la toma de posesión de los bienes y haberes.

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