Se apropiaron de más de 230 millones de pesos.
El Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá condenó a 62 meses de prisión (5 años y 2 meses) a Yefferson Ramírez Hernández y Luis Eduardo Ramírez Franco, representantes de una empresa de trámites, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público. La Fiscalía General de la Nación (FGN) señala que demostró que estas dos personas cobraron al sistema de salud por indemnizaciones, por muerte o gastos funerarios de fallecidos en el Chocó, o eventos catastróficos, que eran improcedentes.
El ente acusador señala que las pruebas recopiladas evidenciaron que se apropiaron de más de 230 millones de pesos, que correspondían a 23 reclamaciones, presentadas entre octubre de 2007 y septiembre de 2014, al Fondo de Seguridad y Garantía en Salud (Fosyga), a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT). En total, se presentaron 73 peticiones, pero solo les aprobaron 23, señala la FGN.
Según añade la Fiscalía, los dos sentenciados presentaron, de manera fraudulenta, actas de inspección a cadáver, certificados de personería, facturas de funerarias, declaraciones juramentadas o extrajuicio y certificados de la Fiscalía. De igual manera, a nombre de supuestas víctimas de Chocó registraron hechos que nunca ocurrieron en el formulario único de reclamaciones de personas naturales (Furpen), el cual se presenta al Fosyga. Con información falsa engañaron al sistema de salud y se quedaron con dineros públicos, añade el ente acusador.
El grupo de trabajo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que atiende los casos de corrupción en el sector salud, logró la devolución del 100% del dinero apropiado por las actuaciones ilícitas de los dos procesados, un total de $233.979.600, que serán trasladados a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), aseguran desde el ente acusador.
En la condena, el juez impuso multa de 205 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y exigió a los sentenciados pedir disculpas públicas a las entidades afectadas.
