Así como expresan su preocupación por las consecuencias que puedan tener las asociaciones público-privadas en salud.
Las organizaciones sindicales médicas hicieron público un documento sobre la situación de la red pública hospitalaria en Bogotá, en el cual manifiestan su preocupación por diferentes hechos que, según señalan, ponen en riesgo la atención en salud de la población más desprotegida de la capital del país.
Así pues, en el comunicado, dado a conocer por la Federación Médica Colombiana (FMC), se hace referencia al hecho de que la Administración actual de la ciudad, con la aprobación del Concejo de Bogotá, aprobó la reorganización de servicios de salud de la ciudad y fusionó los 22 hospitales públicos de la ciudad en cuatro subredes integradas de servicios de salud, "argumentando la necesidad de mejorar la oportunidad, integralidad y calidad de la atención en los servicios de salud públicos de la ciudad".
No obstante, indica el texto, "a raíz de esta reorganización, en estos dos años, se han cerrado los servicios de ginecología y obstetricia en Hospital del Guavio, urgencias y hospitalización de pediatría en el Hospital de Kennedy, Hospitalización de pediatría en los Hospitales del Guavio, Hospital la Victoria y Hospital Engativá, así como los servicios de terapia física en Hospital Engativá, Programa de pacientes crónicos en Hospital San Blas como también algunos de los CAMIS (Atención de urgencias 24 horas) que han cerrado servicios permanentes para ser cambiados por CAPS (consulta externa 12 horas), exponiendo a los pacientes a mayores barreras de acceso en casos vitales". De igual manera, hace referencia al anuncio, del pasado 14 de febrero, "del próximo cierre del Servicio de Ginecología y Obstetricia de alto riesgo del Hospital Simón Bolívar y su denominado traslado Hospital de Suba".
En opinión de los firmantes, esto se considera "altamente riesgoso para la población de la Red Norte de la capital de la República dado que se requeriría el permanente traslado de pacientes gestantes de alto riesgo, lo cual ya implica una barrera de acceso, no contando el Hospital de Suba con la interdisciplinariedad y nivel de complejidad que se requiere para la atención segura de este tipo de pacientes".
Aumento de quejas
Destaca el comunicado que, a dos años de la mencionada reestructuración, las quejas interpuestas por los usuarios de la red pública hospitalaria van en aumento, "como lo refirió el superintendente Nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araujo, el 17 de enero de 2018, cuando afirmó que en promedio en Bogotá se interpone una queja cada tres minutos por atención en salud".
"Según el Supersalud, de acuerdo con las cifras de esa entidad, se atendieron más de 215.800 peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por los usuarios en Bogotá; siendo lo más alarmante que 36.000 de estos casos comprometían la vida del usuario", señala el comunicado.
Asociaciones público-privadas y personal insuficiente
Los sindicatos médicos hacen referencia, también, a las asociaciones público-privadas en salud y, en concreto, al anuncio de "la apertura de licitación a operadores privados para la construcción y operación de 5 Hospitales públicos en la ciudad". Al respecto, afirman que esto "pondrá los beneficios de los inversionistas privados en contraposición a las necesidades y derecho a la salud de la población más pobre de la ciudad".
En cuanto al personal, señalan que "no sólo redujo de 21.000 a 14.000 los funcionarios de la Red Pública hospitalaria, sino que continúa manteniendo la contratación ilegal por prestación de servicios en los médicos y trabajadores que realizan labores misionales en las IPS, incumpliendo los mandatos constitucionales y normas laborales vigentes en nuestro país".
Por último, denuncian a través del comunicado una "política de 'silenciamiento' a funcionarios mediante presiones indebidas y el deterioro en las condiciones de trabajo que afectan a pacientes y trabajadores en la Red Pública hospitalaria".
