La Procuraduría, por su parte, advierte que el Hospital Clarence Lynd Newball no cuenta con los recursos para la prestación continua de los servicios a los más de 76.000 habitantes.
La Superintendencia Nacional de Salud sancionó al departamento de San Andrés y a la IPS Universitaria de Antioquia con una multa superior a los $700 millones, debido a que identificó irregularidades en el proceso de vigilancia de las condiciones de habilitación de los prestadores y barreras administrativas que impidieron el acceso efectivo de los usuarios a los servicios de salud.
Dicha sanción es consecuencia de dos auditorías realizadas a dicho departamento y el prestador, en las que se identificaron faltas "que representan un riesgo para el aseguramiento y prestación de los servicios de salud a los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", según indica el ente de control.
La Supersalud ordenó la apertura de dos investigaciones administrativas en mayo de 2018, tras culminar la visita de verificación adelantada en febrero a la red de servicios en la isla.
Entre los hallazgos que se tuvieron en cuenta y soportan la sanción impuesta al departamento, destaca el hecho de que la secretaría de salud no adoptó las medidas de inspección, vigilancia y control necesarias para garantizar de manera oportuna y efectiva implementación de políticas que permitieran el buen funcionamiento de la red de atención en salud.
Asimismo el ente de control dio a conocer que no existen soportes que permitan evidenciar las visitas realizadas por la entidad territorial, tampoco existen evidencias del equipo que las adelantó y mucho menos de su idoneidad; no se certificó el cumplimiento de las condiciones para la habilitación producto de las visitas; no se adoptó ninguna medida preventiva, de seguridad o sancionatoria ante el incumplimiento de los estándares que establece la norma; y no se evidenció voluntad administrativa de la autoridad territorial, en la adopción de medidas que permitieran garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones de seguridad.
En lo que tiene que ver con la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia IPS Universitaria, se adoptó la sanción administrativa teniendo en cuenta que la Supersalud identificó prácticas inseguras en la manipulación de medicamentos, entre ellos: disposición inadecuada, medicamentos vencidos, destapados en uso y sin control de vencimiento y temperatura. De igual manera indica que los servicios de consulta externa como: cardiología, endocrinología y medicina familiar no se están prestando pese a encontrarse habilitados. Adicionalmente, en la modalidad quirúrgica, no se está prestando el servicio de cirugía maxilofacial. En la modalidad de telemedicina tampoco se están prestando los servicios desde octubre de 2016, añade.
De otra parte, el ente de control afirma que la IPS no soporta un sistema de información que permita el monitoreo, validez y evaluación correspondiente, ni presenta soportes de la utilización de la información para orientar posteriores intervenciones en salud pública incluidos en los procesos básicos de inspección y vigilancia.
La salud en San Andrés "tiene pronóstico reservado"
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, señaló que "la salud en San Andrés tiene pronóstico reservado", porque persisten los problemas sanitarios, ambientales y en la prestación de los servicios por parte del Hospital Clarence Lynd Newball. En la audiencia con las comunidades raizales de San Andrés, el jefe del Ministerio Público expresó su preocupación por las actuaciones de la gobernadora encargada, Sandra Victoria Howard, que a su juicio "no han sido satisfactorias".
Carrillo Flórez reveló nuevos hallazgos sobre las omisiones en la operación y en la prestación de los servicios de salud del hospital que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de este departamento, y reclamó que no hayan "valido para nada las alertas que ha puesto la Procuraduría en esta emergencia ambiental".
El procurador lamentó que la contratación en el departamento y en el hospital se haya manejado de forma "alegre e irresponsable" y advirtió que la entidad que dirige encontró que faltan aportes a la seguridad social de algunos trabajadores y que "el nuevo operador ha entregado una documentación que sugiere la existencia de una nómina paralela".
El jefe del Ministerio Público reiteró que la institución de salud no cuenta con los recursos para la prestación continua de los servicios a más de 76.000 habitantes, así como reveló que actualmente se presentan incumplimientos en el cronograma de procedimientos quirúrgicos, metas de los programas de promoción y prevención y control prenatal a las madres gestantes. Además señaló que existe un alto riesgo de contaminación porque "los insumos médicos, los medicamentos y los alimentos están ingresando al hospital por la misma ruta donde se almacenan los elementos peligrosos".
Carrillo Flórez insistió en que persisten los problemas ambientales en el departamento por la acumulación de residuos hospitalarios peligrosos y las dificultades conocidas sobre la falta de capacidad del relleno sanitario, la presencia de residuos sólidos a la intemperie y la contaminación permanente del recurso hídrico.
