Entre otros aspectos, el ente de control indica que solo el 5% del talento humano está contratado de planta.
La Superintendencia Nacional de Salud señala que ordenó la intervención forzosa para administrar el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, de Santa Marta a partir de ahora, y durante un año. Mediante la Resolución 2304 del 11 de mayo de 2020, la medida de intervención se adoptó como resultado al seguimiento hecho a sus indicadores, en los que se identificaron 59 hallazgos que fueron trasladados a los entes de control y dados a conocer a la Gobernación del Magdalena, indican desde la Superintendencia.
Durante la diligencia de toma de posesión de los bienes y haberes del hospital, se removió el gerente y se designó como agente especial interventor a Luis Óscar Galves, quien viene de realizar esta función en la ESE Departamental de Villavicencio, institución que fue dada de alta por la Superintendencia de Salud en enero pasado cuando fue entregada completamente estabilizada a la Gobernación del Meta.
Principales hallazgos
Estos son algunos de los principales hallazgos que la Supersalud indica que encontró en el Hospital Julio Méndez Barreneche, según la información proporcionada por el ente de control, y por los que afirma que en este momento tomó la decisión de intervenirlo:
En cuanto a prestación de servicios, la Supersalud señala que este hospital no cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, como se requiere para una efectiva atención de los usuarios; que presenta fallas en el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el proceso de esterilización, lo cual atenta contra la seguridad del paciente; y que no garantiza la adecuada segregación de residuos hospitalarios y similares, así como su almacenamiento, clasificación y disposición final.
Asimismo, afirma que no garantiza el funcionamiento en el servicio de transfusión sanguínea, la calibración y mantenimiento de acuerdo con las indicaciones del fabricante en equipo como nevera de almacenamiento; congelador; desfibrador, incubadoras y bombas de infusión en la UCI neonatal y equipos de rayos X fijo; que no realiza un control de vencimientos ni organiza los medicamentos, lo que puede generar confusión; además no los clasifica por vencidos, rechazados, deteriorados o retirados del mercado; y que la Superintendencia encontró medicamentos vencidos en los servicios de ambulancias, hospitalización y en las salas de cirugía.
En cuanto a los aspectos financieros, la Superintendencia afirma que el Hospital Julio Méndez Barreneche no cuenta con estudios técnicos y de costos que justifiquen la contratación del personal acorde con la demanda de la institución, señala que mientras el valor de la contratación por este concepto en 2018 fue de $26.515 millones, en 2019 ascendió a $29.612 millones, es decir un incremento del 11,68 %; y que el hospital ha prestado servicios de salud a 21.826 usuarios por la suma de $21.247 millones, que no han sido facturados, por lo que la efectividad en la gestión de cobro no llega al 50% de las ventas.
Igualmente, asegura que presenta graves problemas en el proceso de facturación por cuanto que cerca del 35% de los servicios prestados no son facturados, lo cual impacta negativamente en las gestiones de recaudo y el flujo de recursos para su adecuada operación; que no ha realizado la medición y el reconocimiento de la pérdida por deterioro de cartera de la totalidad de las cuentas por cobrar; y que cuenta con cuatro sistemas de información diferentes que no están integrados, lo que dificulta su control y la comparación de resultados.
Sobre los aspectos administrativos, indica que no garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades, relacionadas con la inscripción y habilitación de los servicios ante la entidad territorial, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS); y que no se asegura la atención en el área de urgencias, toda vez que se reciben pacientes sobrepasando la capacidad instalada, sin tener en cuenta los requisitos de infraestructura, dotación y procesos del servicio.
Asimismo, no verifica que su personal médico tenga habilitadas sus especialidades o las tenga inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano, del Ministerio de Salud; registra 146 procesos en su contra, por más de $63.000 millones, sin que exista estudio alguno referente a la estimación de la probabilidad de pérdida en ellos, lo que sucede pese a que cuenta con 14 asesores externos para la defensa judicial; y el 95% del talento humano está por contrato y solo el 5% está bajo la modalidad de planta, además de que registra deudas con especialistas por tres meses y con personal asistencial por dos meses.
