La Procuraduría destituye e inhabilita permanentemente a expagadora del Hospital San Pablo (Bolívar)

A Auri Estela Martínez Cuello, por apropiación indebida de recursos públicos.

Redacción 05/09/2019 - 15:19 | Compartir:

La Procuraduría General de la Nación (PGN) sancionó con destitución e inhabilidad general permanente a la expagadora del Hospital Local San Pablo (Bolívar) - Empresa Social del Estado (ESE), Auri Estela Martínez Cuello, por apropiación indebida de recursos públicos.

La Procuraduría destituyó e inhabilitó permanentemente a expagadora del Hospital San Pablo en el BolívarEl ente de control dio a conocer que esta decisión fue tomada debido a que se demostró que, de manera continuada, entre el 12 de agosto de 2014 y el 24 de enero de 2018 la entonces funcionaria se apropió de dineros públicos del Hospital Local San Pablo por valor de $432.718.022 millones de pesos en beneficio propio, a través de operaciones financieras efectuadas en razón de sus funciones.

El Ministerio Público indica que la apropiación de dineros por parte de la disciplinada se evidenció en 42 pagos de sumas superiores a las autorizadas en el comprobante de egreso respectivo, utilizando soportes de pago alterados o anulados, y giros de cheques o transferencias electrónicas que no estaban soportados, pues no correspondían ni a los valores consignados en los documentos ni a los beneficiarios reales.

La exfuncionaria incumplió, entre otras normas, el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad hospitalaria, que contempla entre las responsabilidades del tesorero pagador, la de "velar por la custodia y seguridad de todos los recursos económicos de propiedad de la ESE Hospital Local San Pablo", así como transgredió la Ley 599 de 2000, que establece que el peculado por apropiación se da cuando el servidor público se apropia en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado con ocasión de sus funciones.

La Procuraduría Provincial de Barrancabermeja señala que la expagadora atentó contra el patrimonio del Estado y faltó a su deber de velar por la custodia y seguridad de los recursos económicos de un hospital que presta servicios de salud a las personas menos favorecidas. El Ministerio Público calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo.

Por último, la PGN informa que la decisión de primera instancia quedó ejecutoriada y en firme, por cuanto el defensor de la investigada no interpuso recurso de apelación.

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