Denuncian barreras administrativas para la atención en salud integral de la comunidad de El Salado

La Comisión Colombiana de Juristas pide que se inicie la atención psicosocial "en las condiciones en las que ha sido efectuada y acordada con la comunidad" víctima de una de las masacres perpetradas por los paramilitares.

Redacción | 16/02/2018 - 07:00 | Compartir:

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) se pronunció a través de un comunicado en el que afirma que "la comunidad de El Salado sigue sin atención integral en salud debido a las barreras administrativas que impone el Ministerio de Salud y Protección Social para el cumplimiento de órdenes judiciales claras".

Denuncian barreras administrativas para la atención en salud integral de la comunidad de El Salado.
*Imagen tomada de la CCJ.

Explica esta organización no gubernamental (ONG) que, en el año 2010, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-045, amparó los derechos de cuatro mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de El Salado, que, a causa de las masacres perpetradas por grupos paramilitares en los años 1997 y 2000, vieron severamente afectadas su salud mental y física.

Para la CCJ, dicha sentencia fue un hito para la garantía del derecho a la salud integral; es decir, aquella que incluye la atención psicosocial, psiquiátrica y médica de las víctimas del conflicto. Sin embargo, la ONG afirma que "el Ministerio de Salud no responde a las necesidades mínimas de atención de las tutelantes, sus familiares y su red de apoyo, entendida como la comunidad de El Salado, ni a la generación de respuestas estructurales como protocolos, programas y políticas para la garantía de este derecho".

La organización no gubernamental asegura que, "desde la emisión de la sentencia, la comunidad de El Salado, con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, ha mantenido un proceso de diálogo con el Ministerio para la atención a las órdenes de la Corte y, a pesar del incumplimiento, ha valorado positivamente la atención prestada a través de organizaciones expertas en materia psicosocial, en la medida que atiende los propósitos fijados por la Corte Constitucional y sus expectativas, a diferencia de lo que ocurre con el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI)".

"No obstante, la comunidad ha sufrido constantemente las consecuencias de las barreras administrativas asociadas a la demora en la suscripción o renovación de convenios con las organizaciones que prestan la atención psicosocial, por periodos que suelen ser estar entre uno y seis meses, en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, siempre asociados a las mismas causas: ausencia de presupuesto, dificultades de contratación y falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad sobre las condiciones especiales para el diseño de los procedimientos de atención", añade.

Por otra parte, la ONG indica que los planes de contingencia que han sido planteados por el Ministerio han resultado insuficientes para atender las necesidades de las víctimas.

La CCJ concluye su comunicado haciendo "un llamado urgente al Ministerio de Salud para que no imponga cargas administrativas a la comunidad de El Salado y, a través de los mecanismos de contingencia urgentes, garantice el cumplimiento de la sentencia T-045 y sin más dilaciones inicie la atención psicosocial a la comunidad de El Salado en las condiciones en las que ha sido efectuada y acordada con la comunidad, adelantando las gestiones necesarias para tal efecto".

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