Incluye la derogatoria de la Ley 100 de 1993, así como un estatuto único de personal de salud y un Fondo Financiero Único, entre otros aspectos.
Un gran número de organizaciones de la sociedad civil elaboraron una propuesta de reforma al sistema de salud en Colombia. El documento está dirigido principalmente a las candidaturas a la Presidencia de la República, con el fin de que sea tenido en cuenta en los programas de gobierno de las distintas campañas.
Esta propuesta se encuentra avalada, entre otras organizaciones, por la Federación Médica Colombiana (FMC), el Colegio Médico Colombiano (CMC), la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Médica Sindical (ASMEDAS), la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y la Asociación Médica Estudiantil (ACOME), así como por la CUT, CGT, CTC y FECOLMED, junto con la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Pacientes de Alto Costo, la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, la Fundación Ifarma y Fedesalud.
El texto de la propuesta, que también ha sido resumido en un decálogo, indica que busca "dar un vuelco al sistema de salud y solucionar una de las mayores preocupaciones de los colombianos, en obediencia a la implementación de la Ley Estatutaria de salud". Asimismo, parte de que el "SGSSS nació mal y mantiene un grave defecto estructural, la intermediación financiera, que ha llevado la salud a la más profunda crisis en la historia de Colombia".
Lo que incluye
El documento con las propuestas indica que "el Sistema de Salud debe estar fundamentado en la Atención Primaria en Salud, con una cobertura universal que incluya la población urbana y rural, con una organización basada en las redes integrales de servicios de salud".
De igual manera, aboga por la "Recuperación de rectoría y dirección por parte del Estado", para lo que propone "un ente rector Nacional conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social y organizaciones de la sociedad civil encargados de la dirección general del sistema, y otros entes descentralizados, organizados por territorios saludables divididos conforme a las características epidemiológicas de la población colombiana".
Por otra parte, defiende un "estatuto único de personal para el sector salud" y la creación de un "Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como el pago de los gastos y recursos que demanden el goce efectivo del derecho a la salud", así como el diseño de "un sistema de información único, público, trasparente, disponible en línea".
Uno de los aspectos más destacados es el que hace referencia a la "derogatoria expresa de medidas de carácter permanente adoptadas por el Plan de desarrollo relacionados con el Sector Salud, derogatoria de la ley 100/93 al igual que las que lo modificaron, así como toda la regulación orientada al aseguramiento comercial, exceptuando los relacionados con la medicina pre-pagada".
Finalmente, el "fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud", así como "garantizar la destinación específica de los recursos públicos de la salud", son otros de los aspectos abordados.
El Decálogo
El Decálogo que resume la propuesta es el que se copia, de manera literal, a continuación:
1. Cumplir y hacer cumplir la Ley Estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo cual implica separar el negocio de la salud de la atención integral, desmontando el fallido modelo de intermediación financiera creado por la Ley 100 de 1993 mediante la normatividad pertinente, revocando todo lo que le sea contrario.
2. Devolver al Estado la rectoría, dirección y coordinación de la política de salud, con una alta participación de la sociedad civil.
3. Garantizar atención integral a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad, para lo cual se debe organizar bajo criterio epidemiológico el territorio nacional en regiones saludables y restablecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia por las instituciones prestadoras de servicios de carácter público, privado o mixto, dando funciones de dirección y coordinación a los entes territoriales, dotándolas de personal de verdad representativo de la comunidad en sus órganos de dirección y de control.
4. Impulsar el fortalecimiento prioritario de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los hospitales universitarios y docentes como centros y ejes del sistema de referencia y contrarreferencia.
5. Fortalecer el Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como del pago de los gastos que demande el goce efectivo del derecho a la salud. Esto debe garantizar la financiación de los servicios de salud y de los hospitales públicos, incluyendo sus pasivos y la actualización de sus tecnologías e innovaciones y su normal funcionamiento, independiente de la venta de servicios, con subsidio a la oferta en las regiones apartadas y económicamente deprimidas del país.
6. Modificar la estructura de las juntas directivas de los hospitales públicos dando mayoría a verdaderos representantes de la comunidad con el fin de que dejen de ser el botín politiquero que, en forma inaceptable, hoy son.
7. Promover la construcción de una clara y decidida política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano para la salud, que incluya un cambio estructural en la formación, priorizando el desarrollo intelectual, ético y cultural como fundamento de la educación profesional, complementado en las residencias clínicas, con la garantía del reconocimiento de la dignidad, estabilidad de los trabajadores de la salud, incluyendo a los internos y residentes en condiciones laborales justas dignas y socialmente equitativas, lo que se logrará integralmente con las organizaciones gremiales.
8. Generar los mecanismos para que los entes de vigilancia y control público puedan sancionar y suspender a las entidades públicas y privadas que no cumplan con su función. Para ello aparece indispensable que la Superintendencia Nacional de Salud sea un organismo independiente del Ministerio de Salud, como lo son las demás superintendencias.
9. Implementar una fuerte y decidida política pública para el control del precio de los medicamentos.
10. Implementar un sistema integral de información electrónica en las entidades de salud con disponibilidad y acceso por parte de las personas autorizadas, pero siempre garantizando la confidencialidad de la información.
Acceda el texto completo de la propuesta aquí.
