En medio de las numerosas y reiteradas solicitudes que han hecho pidiendo elementos de protección y garantías laborales, el Gobierno expidió un decreto con el que los obliga a estar disponibles para prestar sus servicios.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 538 de 2020, el cual en su artículo 9º, dirigido a "al talento humano en salud en ejercicio o formación" salvo algunas excepciones, les obliga a estar disponibles para prestar sus servicios durante la emergencia por el nuevo coronavirus. Este decreto se expide en medio de los múltiples y reiterados reclamos del personal de salud para contar con los elementos de protección necesarios para poder atender la emergencia de COVID-19, de las denuncias sobre la casi nula dotación de dichos implementos y la muerte de dos médicos y el conductor de una ambulancia en este contexto.
"Todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicio de salud del país", señala la nueva normativa, que añade: "El acatamiento a este llamado será obligatorio". El decreto indica que no estarán obligados solamente: las mujeres embarazadas, quien sea padre o madre cabeza de familia de hijos menores de edad, quien cuide adultos mayores o en condiciones de discapacidad, quienes sean padre o madre del mismo núcleo familiar y trabajen en salud, los mayores de 70 años y los que tengan una enfermedad crónica o condición que los ponga en mayor riesgo ante el nuevo coronavirus.
Reacciones de rechazo por parte de los profesionales de la salud
Tras conocerse la expedición de esta norma por parte del Gobierno nacional, han sido numerosas las muestras de rechazo por parte del personal de salud a dicha normativa. Varias organizaciones dieron a conocer un comunicado en el que expresan "categóricamente" su rechazo al Decreto "que busca forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas".
"Los equipos de protección personal no pueden ser decretos vados que no se aplican, ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal", señalan y añaden: "A pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma inconsulta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando".
"El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la nación no garantiza al personal de salud los EPP". "Queremos cumplir con nuestro deber con entrega y vocación solidaria pero al país no le va a servir una larga lista de personal de salud muerto y sin poder detener la pandemia", agregan.
Los firmantes recuerdan en la misiva que "muchas personas de diferentes profesiones han planteado renuncias masivas", destacan que "el gobierno está vulnerando el derecho a la vida de los trabajadores de la salud" y expresan que hacen "responsable al gobierno nacional en cabeza de usted, señor presidente, por la vida y la salud de todos los trabajadores".
"Nadie puede estar obligado al suicidio"
Sobre este decreto, en su cuenta de Twitter la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), Carolina Corcho, indicó que omite "obligar también la protección de bioseguridad y laboral". "En un Estado de Derecho, nadie puede estar obligado al suicidio", destaca la profesional. El presidente de la FMC, ha señalado que la situación de desprotección del personal de salud es "alarmante". En este contexto, asimismo, la Federación ha pedido que "el dato sobre profesionales de la salud contagiados sea público, tal como lo hacen la mayoría de países del mundo".
"Una agresión hacia el talento humano en salud"
Por su parte, para la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), sobre lo establecido en el artículo 9 del citado decreto es "una agresión hacia el talento humano en salud" y "califica de desafortunadas, insuficientes y contradictorias las disposiciones contenidas en dicha norma". La SCARE afirma que "este punto ha sido de gran discusión debido a que impone de manera dictatorial la prestación de los servicios de salud durante la emergencia por cuenta del COVID-19, esto sin tener en cuenta que ha sido percibido como una medida para obligar no solo a los trabajadores, sino también a los estudiantes del sector salud a ejercer cuando aún no existen garantías mínimas de bioseguridad, ni condiciones laborales adecuadas forzandolos a trabajar en condiciones precarias y violando incluso sus derechos fundamentales".
De otro lado, sobre el artículo 13 del Decreto, que incluye el COVID-19 como una enfermedad laboral directa, manifiesta que, "si bien se han expedido normas, las mismas han facilitado que no haya claridad de las responsabilidades de las IPS y de las ARL, además de no contar con mecanismos o rutas claras para que los elementos de protección personal sean entregados al talento humano en salud". Para la SCARE, "el decreto tampoco aclara el manejo de incapacidades del personal sanitario, en caso de aislamiento por sospecha de contagio del virus derivadas de la atención en salud, siendo éste un tema que se debe regular expresamente para garantizar sus derechos fundamentales".
El presidente de la SCARE, Mauricio Vasco, instó a rechazar rotundamente el decreto, afirmando que los médicos son héroes, no mártires y exigiendo que se giren los recursos para que se pague todo el dinero atrasado, garantizando la protección laboral y contractual del talento humano en salud durante la pandemia. "En ningún momento queremos evadir nuestra responsabilidad de atender a los pacientes, lo que queremos es que nos entreguen los elementos de bioseguridad, nos paguen, nos cuiden y nos protejan laboralmente", afirmó el especialista.
"A ninguna nación se le ocurriría enviar a su ejército a la guerra sin el equipamiento"
De otra parte, recientemente el presidente del Colegio Médico Colombiano (CMC), Roberto Baquero Haeberlin, indicó que "la dura realidad de la pandemia ha revelado que quienes tienen la tarea de salvar todos los días vidas en las salas de urgencia no cuentan con los implementos básicos para hacer su trabajo como corresponde y tampoco tienen las mínimas condiciones laborales que estipula la Organización Mundial del Trabajo (OIT)".
Baquero se pregunta "por qué la prestación de servicios de salud en Colombia no es una cuestión de seguridad e interés nacional, así como lo es la guerra contra los grupos insurgentes o el narcotráfico". "A ninguna nación se le ocurriría enviar a su ejército a la guerra sin el equipamiento y las armas especiales para proteger a sus hombres", indica.
"Una vez más el personal sanitario ha demostrado que está listo, en pie de lucha, en la primera línea de batalla dando ejemplo de compromiso y valentía", señala y añade: "Lo preocupante es que no cuenta con las armas elementales necesarias como mascarillas, guantes y un traje especial". "En muchos casos ni siquiera tiene un ingreso salarial decente o un contrato laboral estable", agrega.
"Nunca es tarde para rectificar y reconocer que el país no ha hecho bien la tarea de implementar la Ley Estatutaria de la Salud y, por tanto, no le ha dado el lugar ni el trato que le corresponde al recurso humano en salud", afirma el presidente del CMC, que concluye: "Hay que empezar por dotar a estos trabajadores de la protección suficiente para que no corran el riesgo de contagio y unirnos en defensa de los verdaderos héroes en clínicas y hospitales porque la salud es un derecho, no un negocio".
