Organizaciones médicas y de hospitales y clínicas se han pronunciado pidiendo evitar las generalizaciones, destacan los efectos negativos que estas pueden tener y piden señalar los casos concretos.
La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el Colegio Médico Colombiano (CMC) y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed) emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo ante las declaraciones hechas por el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez, el día 3 de junio en la Comisión Segunda del Senado de la República, sobre un supuesto "incentivo económico en muchos hospitales y clínicas particulares para extender el tiempo de atención en cuidados intensivos UCI más allá de lo necesario".
Al respecto señalan que rechazan "cualquier declaración que de manera 'implícita y generalista' vincule a los intensivistas del país en actos violatorios de la ética profesional en su ejercicio como especialistas líderes de las unidades de cuidados intensivos". "El tiempo de permanencia de un paciente en la UCI se establece mediante criterios científicos y éticos rigurosos que ASEGUREN la estabilidad clínica y/o fisiológica del paciente antes de su egreso", añaden.
Asimismo, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo considera que las declaraciones de Ruiz Gómez "resultan desafortunadas, ya que, adicional al dolor y la incertidumbre que depara la enfermedad, se crea un manto de duda sobre la integridad moral, ética y humana de los intensivistas y ello propicia un clima de desconfianza que puede impactar negativamente la oportunidad de la atención y provoca un efecto emocional adverso y de zozobra en el equipo sanitario".
La AMCI le solicita, asimismo, "formular la respectiva denuncia ante las autoridades legales correspondientes; a la Supersalud, que de manera inmediata investigue a las entidades presuntamente infractoras". "De ser necesario, AMCI como par idóneo, se brinda acompañar la investigación y así poder establecer con suficiencia técnica la ocurrencia de estas supuestas e inaceptables anomalías", añaden.
Acceda al texto completo del comunicado de estas organizaciones médicas aquí.
La ACHC le pide señalar con nombre propio las instituciones infractoras
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) también se pronunció recientemente ante las declaraciones de Ruiz Gómez en su intervención del 3 de junio de 2020 y las del superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en el programa Prevención y Acción, del 2 de junio de 2020.
"Pedimos a las autoridades señalar con nombre propio las entidades infractoras y evitar las generalizaciones de estos supuestos manejos inadecuados de las UCI", reclama la agremiación y añade: "No se puede sembrar un manto de duda sobre todo el sector hospitalario y desconocer los esfuerzos que cientos de instituciones y su personal médico han hecho para prepararse rigurosamente y atender de manera adecuada a la población".
Asimismo, señalan en el comunicado: "Respetuosos de la ley acogemos todas las orientaciones que nos da la autoridad de vigilancia y control y en los casos donde existan dudas o denuncias concretas sobre la calidad del proceso asistencial, pedimos que sea la propia Superintendencia Nacional de Salud la que haga una auditoría directa sobre esas atenciones, protegiendo así a la población y a los hospitales y clínicas de este país que no ahorran esfuerzos para garantizar la atención segura y de calidad a los pacientes".
Acceda al comunicado de la ACHC aquí.
Los hospitales públicos le piden al ministro Ruiz prudencia
Voceros de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) le hicieron un llamado a la prudencia al Ministro de Salud, Fernando Ruiz. "Al respecto, le solicitamos respetuosamente al señor Ministro a que denuncie los casos concretos, con nombres propios, pero que no quede en el ambiente que esa es una práctica de todos los prestadores de salud en el país", comentó la directora ejecutiva de ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez.
Zuluaga dijo que entiende la preocupación del ministro, pero aclaró que no le hace nada bien a todos los prestadores meterlos en una sola bolsa de actos al margen de la ley, de abusos en las tarifas o de manejos prohibidos por la normatividad. "Desde la asociación de los hospitales públicos de Colombia condenamos esas prácticas e instamos a la Superintendencia Nacional de Salud a que adelante las auditorias respectivas en los casos concretos, y que de llegarse a comprobar, violaciones, se tomen todas las decisiones jurídicas, fiscales y hasta penales, de ser necesario", puntualizó.
