Afirma que la decisión judicial sobre esta EPS pone en riesgo a 210.000 indigenas.
El superintendente nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera, se pronunciaron sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordena a la Supersalud hacer efectiva la devolución de los afiliados a la EPS indígena Manexka.
El ente de control recuerda que, en marzo de 2017, ordenó la liquidación de Manexka, fundamentado en el hallazgo de "serias irregularidades, entre ellas, ausencia de vacunación en niños, tasas elevadas de mortalidad materna y de menores y pacientes con enfermedades de alto costo sin atención". "Adicionalmente, se evidenciaron diversas figuras a través de las cuales se desviaban recursos del sistema de salud", añade.
Posteriormente, la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Manexka, interpuso acción de tutela en contra de la resolución de liquidación de la Superintendencia Nacional de Salud, argumentando que se incumplió la normatividad especial de traslado de afiliados indígenas.
Mediante fallo de 2 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, concedió la tutela y le ordenó a la Superintendencia suspender los efectos de la Resolución. Según explica la Supersalud, esta decisión, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, "implica la devoluciòn de los afiliados indígenas a la EPS Manexka, a pesar de la existencia de serias irregularidades en el servicio y funcionamiento de la misma".
"Acataremos la orden, pero debo advertir, como lo hemos hecho durante todo este proceso, que aquí está en riesgo la vida de las 210.000 personas que debemos reintegrar a una EPS que no está en capacidad de asegurarlos de manera adecuada y segura", afirmó el superintendente de Salud.
"Nos inquieta que, a pesar de haber documentado ante el Tribunal de Córdoba, en diferentes oportunidades, las irregularidades encontradas en Manexka, la información parece no haber sido valorada en ninguno de los fallos proferidos", aseguró Luis Guillermo Vélez.
Para Cruz Araújo "este es un hecho sin antecedentes, son más de 210 mil personas que hoy están recibiendo atención en otras EPS; allí hay personas con tratamientos en curso y procedimientos programados; hay incluso pacientes en hospitalización".
Ambas entidades hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional para que suspenda la orden de traslado mientras se pronuncia de fondo sobre esta disputa jurídica.
"Desde noviembre de 2017 la Corte Constitucional seleccionó la revisión del fallo de tutela aplicando el criterio de lucha contra la corrupción", indicó Vélez Cabrera, que añadió: "Esperamos una pronta decisión". "En este caso, además de la salud de 210.000 indígenas, lo que está en juego es el sistema de salud y la autonomía de las entidades que lo vigilan, como es el caso de la Supersalud", concluyó.
