En Sincelejo, Mocoa y Valledupar ha identificado prácticas irregulares.
En la Circular 014 del 8 de junio, firmada por el procurador (e) Juan Carlos Cortés, el Ministerio Público señala que embargar los recursos de la salud vulnera el ordenamiento jurídico colombiano. Según el documento, estas medidas afectan gravemente "el patrimonio público y el orden económico y social del Estado", así como "la prestación de servicios de salud de manera oportuna eficaz y con calidad para los habitantes del territorio nacional".
La Procuraduría recuerda que los recursos destinados para garantizar el derecho a la salud son inembargables, que no se pueden retener y que se necesitan para la financiación y atención médica oportuna de los afiliados al sistema de salud. También aclara que, pese a que las cuentas maestras en las que se recaudan las cotizaciones mensuales de los afiliados al sistema de salud están registradas en los diferentes bancos del país a nombre de las EPS, "no hacen parte del patrimonio de las mismas, sino que pertenecen concretamente al sistema de salud".
La advertencia del Ministerio Público se da luego de que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) llamara la atención sobre el aumento de los embargos a las cuentas de la salud, por órdenes de judiciales que buscan resolver las demandas por demoras en los pagos de las obligaciones de las EPS o IPS con sus proveedores de servicios.
Embargos irregulares
La Procuraduría denunció, asimismo, el embargo irregular a los recursos de la salud y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.
"Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores", indica el Ministerio Público, que añade: "De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales".
Un informe de la Procuraduría indica que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.
En relación con el caso de Sincelejo, el ente de control indica que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos en los que la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos. En total, al Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud superan los $30.000 millones de pesos.
