Por cerca de $5 mil millones de pesos, en el departamento de Sucre.
La Contraloría General de la República reveló los resultados de una reciente auditoría de cumplimiento adelantada a la Gobernación de Sucre, gracias a la cual se pudo establecer que las prácticas a través de las cuales se estructuró el denominado Cartel de los Enfermos Mentales en este departamento se venían presentando, incluso, desde 2012.
Según indica el ente de control, mediante una resolución del 18 de diciembre de 2012, la Gobernación de Sucre pagó, a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de $3 mil 475 millones de pesos por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada (PPNA) del departamento. Examinada la facturación, la Contraloría encontró que los documentos que sirvieron de soporte a 521 de las facturas corresponderían a servicios no prestados, pero que sí fueron pagados por una suma superior a los $2 mil 646 millones de pesos.
En 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a pacientes drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada fundación. Por su parte, en 376 facturas se usaron como soporte los formatos de referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, como si se tratara de pacientes atendidos en dicho hospital, por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que hubieran sido remitidos allí para su hospitalización. Sin embargo, se descubrió que ninguno de los supuestos pacientes fue atendido ni referido por la mencionada institución.
Más pagos sin soportes
Además de los pagos anteriormente descritos, la Contraloría señala que la Gobernación de Sucre suscribió acuerdos de pago con la Fundación Camino a la Virtud por más de $5 mil 751 millones de pesos, que corresponderían igualmente a facturación de las vigencias 2010, 2011 y 2012, para ser pagados con recursos de la PPNA. Sin embargo, el ente de control afirma que no pudo establecer la existencia física de las facturas que deberían soportar los pagos acordados por la Gobernación. A pesar de no existir las más de 527 facturas, la Gobernación accedió a los pagos suscribiendo un documento de acuerdo de pago a favor de la Fundación.
Como parte de las pruebas recaudadas, se encuentra la certificación suscrita por el líder del Programa de Auditoría de la Secretaría Departamental de Salud, en la que afirma que las facturas fueron debidamente auditadas y conciliadas y que por lo tanto se encontraban aptas para su pago, facturas que sin embargo no pudieron ser presentadas a la Contraloría.
Por no haber aplicado los procedimientos de auditoría médica establecidos para la Secretaría de Salud, la Gobernación de Sucre ocasionó un daño a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a la población pobre del departamento por más de $2 mil 176 millones de pesos.
El médico psiquiatra repudia la información
La Contraloría asegura, igualmente, que verificó la información documental aportada por la Gobernación de Sucre, directamente con el médico psiquiatra que supuestamente la había suscrito, quien categóricamente afirmó no solo que la caligrafía no correspondía a la suya sino que él nunca había diligenciado esos formatos que se le exhibían. El psiquiatra entrevistado por el equipo auditor confirmó que la terminología usada tampoco corresponde al lenguaje propio de su especialidad.
Al tratarse de facturas y órdenes de internación que, explica el ente de control, "parecían calcadas las unas de las otras", el médico indicó: "El tratamiento nunca puede ser el mismo". "Este debe variar de un paciente a otro", añadió. Lo mismo afirmó en relación con las dosis de medicamentos supuestamente ordenados por él. La Controlaría manifiesta que "la gestión fiscal ineficaz y antieconómica" de la Gobernación de Sucre ocasionó un detrimento patrimonial cercano a los $2 mil 647 millones de pesos.
El exgobernador suscribió órdenes y acuerdos de pago
Destaca el ente de control que se pudo determinar que tanto los acuerdos como las órdenes de pago a favor de las diferentes IPS involucradas en el denominado Cartel de los Enfermos Mentales fueron suscritas, desde el año 2012, directamente por el entonces gobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena.
Asimismo, indica que, por los mismos hechos, pero relacionados con pagos efectuados durante la vigencia 2015 y que ya habían sido objeto de investigación por parte de la Contraloría, el exgobernador se encuentra involucrado en 11 procesos de responsabilidad fiscal, en cuantía cercana a los $3 mil millones de pesos.
Según la Contraloría, en el departamento de Sucre posiblemente se habrían creado IPS 'de papel' para desfalcar los recursos del SGP. Por lo anterior, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, solicitó a la Fiscalía el traslado de pruebas, hecho que permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de tales empresas que hayan incurrido en las maniobras fraudulentas que dieron lugar al daño patrimonial con los recursos de la salud.
