Asimismo, en 2019 cerca de 1.600.000 personas han tenido que ser cambiadas de EPS, como resultado de la intervención a seis entidades que no garantizaban el servicio.
El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, presentó el balance de 2019 en materia de inspección, vigilancia y control en el sector Salud. Entre otros aspecto señaló que entre el 1 de enero y el 3 de diciembre los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018, sin tener aún los datos de todo el mes de diciembre de 2019. De las quejas de 2019, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.
En cuanto a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Aristizábal informó que cerca de 1.600.000 personas han tenido que ser cambiadas de EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis de estas entidades que no le estaban garantizando a los usuarios su derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema.
El balance en esta materia deja a tres EPS (Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca) en proceso de liquidación forzosa y a más de 1.300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna, indica el ente de control. Asimismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras aseguradoras.
Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1.100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar. Además, se continúa haciéndole seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restricción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.
Aumentaron las quejas
Como ya se señaló, la Supersalud indicó que entre el 1 de enero y el 3 de diciembre los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018, sin tener aún los datos de todo el mes de diciembre de 2019. De las quejas de 2019, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.
El mayor número de quejas fue por falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializadas (152.818), seguida por falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en los servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción a la libre escogencia de EPS y la demora en los traslados de pacientes.
Las EPS del régimen subsidiado que tuvieron más quejas fueron Capital Salud, Medimás, Saludvida, Savia Salud y Asmet Salud. En el régimen contributivo, las de mayores quejas fueron Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar. El Magisterio sigue teniendo el mayor número de quejas entre los vigilados de otros regímenes con 25.748, según indica el ente de control.
Hospitales intervenidos
A través de la figura de "intervención forzosa para administrar" la Superintendencia tiene bajo la lupa a 10 hospitales públicos, por el deterioro que los estaba llevando al cierre definitivo. Según la Supersalud, el balance de la intervención a estos centros asistenciales deja hoy a dos de esos hospitales 100% recuperados y operando con todos sus servicios: el Federico Lleras Acosta de Ibagué, que ya fue entregado a la Gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio, que será entregado a principios del 2020 a la nueva administración.
Bajo esta medida también están: el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.
Para la recuperación de estos hospitales, la Superintendencia indica que ha gestionado recursos del FONSAET, por más de $97.000 millones, de estos, $54.984 fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones y el pago de nómina de cinco hospitales, y, los $42.425 millones restantes hacen parte de la gestión del 2019 y están en proceso para beneficiar a otros cinco hospitales.
Sanciones
El ente de control informó, igualmente, que durante el 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de $60.000 millones de pesos. El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud ($29.000 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información ($21.000 millones) y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud ($9.000 millones).
Para ocho de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019. Estas, equivalen a multas por $11.000 millones, las más relevantes son dos para Medimás, que suman $5.800 millones, una de ellas por $4.968 millones por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato; y otra por $828 millones, porque no respondió de manera oportuna a la Superintendencia, la cual la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de sus afiliados en Cundinamarca. Durante este año, se han abierto 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019.
El ente de control señala que, con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, que tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.
La Ley también establece que en 60 días se deben resolver las demandas por reembolsos económicos de pagos médicos que se hacen, por ejemplo, cuando un paciente debe comprar los medicamentos o cuando este paga la cuenta de urgencias en una IPS que no tiene contrato con su IPS. Sobre estos temas se recibieron 766 demandas en 2019 y ya se han resuelto 743, apunta la Superintendencia. Este año se han recibido otras 248 demandas por devoluciones de facturas entre las entidades del sistema de salud, que se resuelven en un término de 120 días. A la fecha se han resuelto 243, afirma el ente de control.
Conciliaciones para oxigenar la cartera de la salud
Fabio Aristizábal destacó también los resultados alcanzados en las mesas de flujos de recursos y en las jornadas de conciliación, propiciadas por la Entidad en las que además de clarificar las deudas que tienen las EPS y las secretarías de salud con las clínicas y hospitales del país, también se logran acuerdos de pago que ayudan a oxigenar la carteta de estas prestadoras del servicio de salud.
Desde el inicio del Gobierno a la fecha, se han conciliado $1.2 billones de pesos así: $669.000 millones en 51 mesas de flujos de recursos y más de $570.000 en las jornadas de conciliación extrajudiciales en derecho, producto de 1.307 acuerdos suscritos en el territorio nacional entre las EPS y las clínicas y hospitales del país.
