El Gobierno indica que el responsable principal de la bioseguridad son las IPS y éstas afirman que no tienen recursos

Hospitales públicos, secretarios municipales y distritales de salud y organizaciones médicas piden control y unidad de mando por parte del Gobierno que incluya las compras centralizadas.

Redacción | 13/04/2020 - 15:14 | Compartir:

En Colombia la primera línea de responsabilidad para la protección de médicos y del personal que está en urgencias y en las unidades de cuidados intensivos (UCI) es de los empleadores, afirmó el presidente de la República, Iván Duque. Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos afirma que estas instituciones no cuentan con los recursos y pide que el Gobierno asuma el control garantizando las compras centralizadas y que gire recursos frescos y directos que sí lleguen a las IPS.

El Gobierno indica que el responsable principal de la bioseguridad son las IPS y éstas afirman que no tienen recursos"En Colombia, hoy, la primera línea de responsabilidad para que todas las personas que están en esos servicios de urgencia, en esos servicios de cuidados intensivos, es de los empleadores", afirmó Duque y continuó: "Y con eso me refiero a los hospitales y también me refiero a quienes, a través de los sistemas de aseguramiento, los tienen contratados". Según afirmó, "en este momento no hay excusa para que ningún empleador no tenga ese material de protección para las personas que van a estar en las unidades de cuidado intensivo y en las labores de urgencia". "Le he pedido a la Superintendencia de Salud que estemos monitoreando y garantizando esto", agregó.

De otra parte, señaló que a través de las administradoras de riesgos laborales (ARL) están "buscando que un 7% del total de recursos se destine a que tengamos un mayor número de recursos e insumos de protección". También aseguró que se está "haciendo una gran convocatoria pública, que se abre hoy, para que tengamos, también una compra centralizada de elementos a nivel nacional". 

Giros directos a los hospitales y pago de las deudas por parte de las EPS

La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, frente a estas declaraciones del Gobierno señaló: "Tenemos conciencia de la responsabilidad que tenemos de asumir el costo de los equipos de bioseguridad, pero el gran problema es de dinero, situación que no es desconocida para el Ministerio de Salud, desde mucho antes de comenzar la crisis de la pandemia del coronavirus, debido a la multimillonaria deuda que tienen las EPS con la red hospitalaria que asciende a más de $7 billones".

Para ACESI, "si el Gobierno pretende que las IPS, en este caso, públicas, asuman la dotación de forma inmediata (72 horas, como lo ha manifestado el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera) de los equipos de bioseguridad, la única forma sería: girar recursos frescos directo a los prestadores o adelantar la gestión para que las EPS paguen sus deudas ya". "Otra forma de controlar el abuso en el incremento de precios de los insumos necesarios es adelantar compras centralizadas, lideradas por el gobierno, para disminuir los costos y evitar el incremento de precios por parte de algunos proveedores", puntualizó Zuluaga. Agregó que la situación financiera es tan crítica para los hospitales que, en medio de esta gran crisis, "se les debe al personal tres y cuatro meses de salario, debido a la falta de dinero por culpa del no pago de la cartera por parte de las EPS".

Control y unidad de mando que incluya las compras centralizadas

Por su parte, además de los hospitales públicos, secretarios municipales y distritales de salud y organizaciones médicas enviaron una carta al Gobierno en la que le piden "control y unidad de mando, centralizando en cabeza de Presidencia y Ministerio de Salud" frente a la situación de emergencia. "Teniendo en cuenta que las dificultades con los equipos de bioseguridad parten de la escasez de materia prima ocasionada por la alta demanda a nivel mundial, lo que ha generado acaparamiento, especulación y abuso de precios", para estas organizaciones y entidades, "es un deber del Estado garantizar con compras centralizadas lideradas desde el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Comercio, para que se logre garantizar suficiencia de los equipos de bioseguridad con la calidad necesaria con destino a los profesionales de la salud que cumplen su tarea tanto en instituciones públicas como privadas".

"La información requerida o las sugerencias u órdenes deben canalizarse a través del Ministerio de salud, evitando agotar los funcionarios departamentales, municipales y de las ESE", señalan en un comunicado conjunto, en el que también indican que "son testigos de primera mano de las dificultades que en el día a día vive el talento humano en salud y los gerentes de las Instituciones Prestadoras de Salud para garantizar los equipos de bioseguridad que protejan el personal de ser contagiados durante la atención de pacientes con COVID-19".

Recursos girados a través de EPS llegan incluso en menor proporción que antes 

En el texto también se solicita "el fortalecimiento de la red pública hospitalaria" y se indica que si bien hace unos días se anunció el flujo de recursos a través de las EPS, estos recursos "no llegan en forma proporcional a los hospitales". "Al contrario, en muchos casos los recursos que está llegando son inferiores a los que recibían meses atrás, contradiciendo en la realidad los anuncios públicos en televisión", afirman. Para los firmantes, "es necesario generar recursos adicionales a la UPC, que lleguen directo a los hospitales públicos que sufren desde hace tiempo importantes rezagos en infraestructura y dotación ocasionados por la importante cartera que tienen las EPS con las ESE".

La comunicación concluye destacando que "es necesario garantizar la sostenibilidad de las instituciones públicas de mediana y alta complejidad que, a pesar de estar haciendo importantes esfuerzos de expansión y acondicionamiento de sus servicios, han visto disminuidas las prestaciones ambulatorias, facturables a las EPS, y con ello, ven peligrar los ingresos en los meses siguientes; no obstante, el personal sigue trabajando en la reorientación de los servicios y por ende, asumiendo costos fijos que deben ser cubiertos para evitar la renuncia de los profesionales especializados".

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