También se llevó a cabo el primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil 'Derechos de las víctimas sobrevivientes de ataques con agentes químicos'
La plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que busca la modificación del artículo 5º de la Ley 1639 de 2013, con el fin de establecer medidas de protección a favor de las víctimas de ataques con ácido y que sean catalogadas, además, como víctimas de Enfermedad Catastrófica, de acuerdo con la Ley 972 de 2005. De esta manera, este proyecto pasa a su estudio en la Cámara de Representantes.
Esta iniciativa busca establecer un acceso adecuado a los servicios de salud, por lo que establece que Medicina Legal otorgue a las víctimas una incapacidad que corresponda al tiempo que cada víctima necesite emplear en su recuperación, a fin de evitar, en lo posible, que pierda de su empleo, según informa el Senado.
Además, busca otorgar un subsidio equivalente a un salario mínimo de apoyo temporal, cuya duración será por cuatro meses prorrogables por una única vez, con el fin de apoyar los traslados, alimentación y acceso a los servicios médicos. Asimismo, busca que, si la víctima queda con incapacidad permanente, sea incluida en los planes y programas del Gobierno de apoyo a la discapacidad.
A través del médico especialista tratante, establece específicamente el articulado del proyecto, las víctimas podrán acceder a insumos, procedimientos y tecnologías que el especialista requiera para su atención. Las EPS garantizarán al afiliado, en menos de 24 horas, todo lo solicitado por el especialista a fin de contrarrestar el daño con rapidez. Asimismo, determina que, por ningún motivo la EPS podrá suspender el tratamiento, negar procedimientos o retrasarlos.
Primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil
Recientemente también se llevó a cabo el primer Consejo Asesor de la Sociedad Civil 'Derechos de las víctimas sobrevivientes de ataques con agentes químicos'. En este encuentro el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó el deshonroso primer lugar que tiene Colombia por el número de casos y la descoordinación institucional para hacer frente a este flagelo. “Hemos expedido las normas perfectas, pero de los derechos a los hechos hay una distancia bastante grande. Nosotros no hemos cumplido con la mayoría de las normas”, afirmó.
En la audiencia, en la que participaron víctimas e instituciones, el jefe del Ministerio Público explicó que estos encuentros van encaminados a elaborar una política de Estado que integre las rutas de salud, justicia y trabajo y que cuente con una coordinación interinstitucional para responder de manera “oportuna y eficaz” a las necesidades de los pacientes.
En materia de salud, el procurador aseguró que “hay mucho camino por recorrer” en la prestación de servicios y en la atención integral. Precisó que “una tarea pendiente”, por parte del Estado y de la sociedad, sigue siendo la formación y capacitación de las víctimas para su efectiva vinculación laboral.
En este Consejo Asesor participaron las fundaciones Natalia Ponce de León, Reconstruyendo Rostros y Alexandra Rada, quienes a través de sus representantes dieron a conocer los obstáculos que se han presentado para la efectiva garantía de sus derechos como la falta de aseguramiento, desconocimiento en el protocolo de atención, dificultades para asignación de citas médicas, discriminación, deficiencias en el acceso a la justicia y al mercado laboral, entre otros.
En la audiencia también intervinieron la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Policía Nacional, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Secretaría Distrital de la Mujer.
