La Contraloría General de la República profirió el fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones de pesos.
La Contraloría General de la República (CGR) profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones de pesos contra el exgobernador del departamento de Sucre Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado 'Cartel de los Enfermos Mentales'.
Según indica el ente de control, Guerra Tulena ordenó (con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías) pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, como fue la supuesta internación y atención de pacientes ficticios (de población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
El organismo de control considera que Guerra Tulena incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrolló una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.
De esta manera, para la Contraloría, el exgobernador ocasionó el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la atención en salud de la población pobre no asegurada y los asignados por el Sistema General de Regalías para la Restructuración de pasivos, al ordenar el pago de bienes y servicios de salud que no fueron efectivamente prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.
Nunca existió la atención de urgencias que esta IPS aseguró haber realizado y lo que se determinó por parte de la Contraloría es que lo único que perseguía la misma era obtener, de manera fraudulenta, el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentación adulterada.
Para la Contraloría, ese hecho se concretó gracias a la deficiente gestión fiscal del exgobernador, en asocio con las omisivas conductas de sus subalternos y contratistas de la Secretaria de Salud Departamental, quienes de manera negligente no ejercieron de manera adecuada las funciones que les correspondía respecto de esta actividad.
Responsables fiscales
El fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Sucre, y confirmado en su integridad por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, cobija también a dos exsecretarios de salud departamentales; a Nayibe del Carmen Padilla y Efraín de Jesús Suárez en la misma cuantía ($2.723 millones), quienes al igual que el exgobernador tendrán que responder con su propio patrimonio, en forma solidaria.
Igualmente, el fallo con responsabilidad fiscal afecta también a los siguientes funcionarios y contratistas de la Gobernación de Sucre en el momento de los hechos que dieron lugar al detrimento patrimonial: Samis Gregorio Serpa Álvarez, en su condición de Líder del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre; Oswaldo Marcial Contreras Gómez, miembro del Grupo de Auditoría de la Secretaría Departamental de Salud de Sucre; Samuel Enrique Palencia Tovar, auditor adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre; Jorge Alberto Ramírez Mattar, auditor médico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental; Nadin Ali Farak Arrieta, auditor de cuentas de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre; y Ana Silveria Vergara Ortega, profesional especializada de la Secretaría de Salud Departamental.
Finalmente, la CGR señala que se falló con responsabilidad fiscal también contra la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre y contra Ernesto Bladimir González Ospino, propietario y representante legal de esta IPS.
El fraude
El ente de control dio a conocer que el representante legal y propietario de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, Ernesto Bladimir González Ospino, reconoció ante la Contraloría que pagó dinero para que habilitaran a la IPS para prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria,
Aseguró también que Samuel Palencia, funcionario de la Secretaría de Salud de Sucre, en el área de auditoría, le pidió el favor que contratara al médico psiquiatra Arnovis Banda, quien tenía estudios en Argentina, pero no había homologado el título y como no tenía sello, el doctor Banda los atendía y él falsificaba la firma del psiquiatra Zambrano, con el objetivo de presentarlas para pago en la Secretaría de Salud.
Indicó también que Samuel Palencia (auditor adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre) sabía que el doctor Zambrano no trabajaba en la IPS y, sin embargo, le ayudaba para lograr que lo auditaran sin cumplir con los requisitos exigidos.
El dueño de la Clínica dijo que, como los funcionarios de la Secretaría de Salud no realizaban las verificaciones de los pacientes, él presentaba las facturas sin las revisiones de cédulas o sin determinar si tenían o no EPS o EPSS. Sostuvo además que las órdenes de servicio eran firmadas por Samir Serpa, líder del Programa de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental de Sucre.
Finalmente, la Contraloría General de la República señala que, en cabeza de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, resolvió los 11 recursos de reposición interpuestos contra el fallo del 18 de enero de 2019, y confirmó de manera íntegra la decisión contenida en el mismo. Actualmente el expediente se encuentra al Despacho del contralor General, para que la Oficina Jurídica de la CGR decida los recursos de apelación interpuestos.
