En contra de Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS.
La Fiscalía General de la Nación (FGN) dio a conocer que, en el marco del proceso en el que se puso al descubierto una red de corrupción que permeó los entes de control para favorecer a particulares afectando el sistema de salud de los colombianos, el juez 27 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y medio a Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS, en virtud de su aceptación de cargos. Según indica la FGN el entonces director médico de la EPS aceptó haber ofrecido y pagado dádivas a una alta funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud.
Vale la pena recordar que en octubre del pasado año la Fiscalía dio a conocer la existencia de una presunta red delincuencial que se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector. Por este hecho fueron capturadas en ese momento cuatro personas, dentro de la llamada 'Operación Quirófano': la exsuperintendente para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo; el exinterventor de Saludcoop y expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso Sandoval; Jhon Alexander Colmenares Russi, quien habría administrado varias IPS; y el director Médico Nacional de la EPS Cajacopi, Javier Peña Rodríguez.
La reciente sentencia, en contra de Peña Ramírez, también contempla el pago de una multa de 540.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses, señalan desde el ente acusador. Añade la FGN que Peña Ramírez, quien ejercía como director médico nacional de Cajacopi EPS, admitió su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir en concurso con cohecho, utilización indebida de información oficial privilegiada y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
Por último, la Fiscalía dio a conocer que la decisión del juez 27 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá es de primera instancia y fue apelada por todas las partes implicadas en el proceso.
