El proceso contra Edwin Besaile Fayad es por la cuantía de $1.525 millones de pesos.
La Contraloría General de la República informó que abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra el actual gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por más de $1.525 millones de pesos, dentro del caso denominado 'Cartel de la Hemofilia'.
Según señala el ente de control, la Gobernación pagó un saldo por ese valor a la IPS San José de la Sabana que le adeudaba la administración anterior, a pesar de que ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese Cartel.
Esta vez, añade la Contraloría, la IPS San José de la Sabana facturó a la Gobernación de Córdoba el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas, afirmando que habían sido diagnosticadas con hemofilia o enfermedad de von Willebrand, sin que existieran los soportes, ni las actas del comité técnico científico, ni historias clínicas de la EPS tratante, que justificaran de manera alguna este pago. Los 14 pacientes supuestamente fueron atendidos por la IPS San José de la Sabana, en enero de 2015; sin embargo, no existe registro alguno de que padecieran la enfermedad.
Según añade la Contraloría, a pesar de lo anterior, la Gobernación pagó el total que facturó por este concepto, mediante giro de recursos efectuado el 23 de mayo de 2016, por cuantía de $1.525 millones de pesos, tal y como consta en el Certificado de Dispersión de Fondos expedido por el Banco de Bogotá, bajo la cuenta de Tesorería, Hemofilia 2016.
Al efectuar dicho pago, señala el ente de control que la Gobernación desconoció los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios NO POS de afiliados al régimen subsidiado, actuando sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados en salud a la población pobre no asegurada.
Pagos con documentos falsos
Asimismo, dentro de los soportes de las facturas pagadas por la Gobernación, figura el diagnóstico del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves. En entrevista concedida a la Contraloría en mayo de 2016, al ser cuestionado por los hechos evidenciados, el médico citado manifestó, según informa el ente de control, que las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos.
Según el ente de control, el médico hematólogo indicó también que las órdenes de medicamentos que supuestamente habían sido suscritas por él no responden a un criterio médico, al no existir relación entre la dosificación ordenada y el tratamiento para esa enfermedad, y que las historias clínicas que se le pusieron de presente no cumplen, tampoco, con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia para el tratamiento y dosificación del trastorno.
Los supuestos exámenes de laboratorio, que en situaciones normales servirían de base para el diagnóstico médico, habrían sido prestados por la Clínica Santa Lucía del Sinú, y suscritos por la bacterióloga Lisbei Patricia Suárez. Sin embargo, en el testimonio rendido a la Contraloría, la profesional de la salud desconoció la firma de los exámenes y afirmó que no solo no correspondía a la suya, sino que durante 2014 no había prestado sus servicios ni a la Clínica, ni tampoco a la IPS.
Pacientes sin hemofilia
La Contraloría indica que igualmente interrogó a uno de los supuestos pacientes quien manifestó que nunca ha tenido enfermedad alguna, que ni él ni nadie en su familia es paciente hemofílico y que nunca se ha realizado exámenes médicos ni de laboratorio para diagnosticar esa enfermedad, ni en Montería, ni en ninguna otra ciudad del país. Afirma el ente de control que fue igualmente enfático en afirmar que nunca ha recibido, como tampoco su círculo familiar, tratamiento médico alguno para hemofilia, y que tampoco conoce la IPS San José de la Sabana, ni el Laboratorio Clínico Santa Lucía del Sinú. Por otra parte, requeridas por parte de la Contraloría las EPS a las que se encuentran afiliados los supuestos pacientes, confirmaron todo lo anterior.
La Contraloría asegura que, durante la investigación, pudo demostrar que se utilizó el mismo modus operandi que ya había sido evidenciado durante la administración del anterior Gobernador, Alejandro Lyons Muskus.
Presuntos responsables
En calidad de presuntos responsables, la Contraloría General de la República llamó a responder por los más de $1.525 millones de pesos pagados a la IPS San José de la Sabana, al gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, así como a los secretarios departamentales de Salud, Alfredo Aruachán Narváez y José Jaime Pareja Alemán. También fueron llamados a responder por estos hechos el auditor médico Juan David Náder Chejne y el coordinador del Plan Ampliado de Inmunización del departamento, Alfredo Ceballos.
De igual forma, las acciones de la Contraloría se dirigieron contra la IPS San José de la Sabana y contra su representante legal, Ruby Esther Durante Ramos.
