Medida de aseguramiento contra el alcalde de Cumaribo (Vichada)

Imputado en relación con el caso de la IPS indígena Matsuldani y recursos para salud de población con altos índices de desnutrición.

Redacción | 01/02/2018 - 05:36 | Compartir:

El Juzgado 22 Penal de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en centro carcelario, en contra del alcalde de Cumaribo (Vichada), Hermenegildo Beltrán Sosa, a quien le fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y fraude procesal, que lo exponen a una pena no menor a seis años de prisión en caso de ser hallado responsable, según indica la Fiscalía General de la Nación.

Medida de aseguramiento contra el alcalde de Cumaribo (Vichada)De acuerdo con la investigación, la comunidad indígena de Vichada ha reclamado ante el Estado colombiano supuestas contrataciones del alcalde, por medio de EPS en las que se ofrecen programas de prevención y atención médica, los cuales se facturan pero no se realizan o se prestan de manera irregular.

Del mismo modo, se le investiga penalmente por supuestamente alterar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al cambiar las condiciones de un extenso terreno de área rural a urbana, en el que posteriormente se construyó una clínica a pesar de la avalancha de denuncias de la población. "Con  el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial se le permitió la construcción de la clínica IPS Mutsaldani, para favorecer a sus amigos", afirmó la fiscal durante la imputación de los delitos antes mencionados.

Para la delegada del ente acusador, el alcalde Hermenegildo Beltrán "se vendió a los intereses de una columna criminal que opera con los contratos de la salud de la población". Indicó además, que a pesar de las alertas tempranas y constantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sobre la desnutrición que impacta a este departamento, el alcalde Beltrán Sosa continúa contratando con la IPS que aparece involucrada en los hechos.

Según indica la Fiscalía, la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria porque tiene influencia en el gobierno departamental y local por ser el ordenador del gasto del municipio en épocas electorales. La fiscal señaló que "en libertad podría presionar a los testigos en su contra, afectar pruebas u obstruir a la justicia".

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