Considera que no existen elementos de juicio que indiquen que pueda interferir desde su cargo en la investigación.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer recientemente que revocó la suspensión provisional ordenada por tres meses, dictada el 2 de agosto de este año, en contra de la actual gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Jerónimo de Montería, ubicado en el departamento de Córdoba, Isaura Margarita Hernández Pretelt.
El ente rector del Ministerio Público recuerda que está investigando disciplinariamente a Hernández Pretelt por presuntas irregularidades en el proceso de compra de insumos en el Hospital San Jerónimo de Montería por un valor de $1.892 millones de pesos.
En concreto, según dio a conocer este ente de control, tras la decisión tomada el 2 de agosto, la funcionaria habría revocado una resolución del Agente Especial Interventor de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Dicho agente de la Supersalud había decretado la liquidación unilateral de un proceso de compra, debido al incumplimiento de un contratista; no obstante, al parecer, la gerente del Hospital San Jerónimo de Montería ordenó la recepción de un equipo de rayos X que no había sido recibido a satisfacción por la interventoría.
En la decisión de segunda instancia, el Ministerio Público resolvió que no existen elementos de juicio que indiquen que la gerente de la citada ESE pueda interferir desde su cargo en la investigación, razón por la cual, para este ente de control, no se cumplen los requisitos para mantenerla suspendida del cargo que ostenta.
Por último, la Procuraduría General de la Nación señala que el proceso disciplinario en contra de Isaura Margarita Hernández Pretelt continúa en su etapa de investigación, la cual está siendo adelantada por la Procuraduría Regional del departamento de Córdoba.
En febrero del presente año la PGN ordenó la suspensión provisionalmente, también por tres meses, de Hernández Pretelt, por las presuntas irregularidades en el manejo de la planta de personal. El ente de control ordenó la medida cautelar, en ese entonces, "para evitar una posible interferencia en la investigación por parte de Hernández Pretelt, quien al parecer habría intentado eliminar posibles evidencias de interés para el proceso", según indicó el ente rector del Ministerio Público.
