Al parecer los disciplinados habrían efectuado un doble desembolso a la Corporación IPS Hospital por varias facturas de medicamentos de alto costo.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que está indagando a algunos funcionarios de la Gobernación y la Secretaría de Salud del departamento del Tolima, por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos a la Corporación IPS Hospital.
En concreto, informa que abrió indagación preliminar en contra de la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres Díaz; el director de Seguridad Social, Luis Eduardo González, y el técnico operativo de Seguridad Social, Kristian Hernando Legro Salazar.
Según indica el Ministerio Público, al parecer los disciplinados habrían efectuado un doble desembolso a la Corporación IPS Hospital por varias facturas de medicamentos de alto costo. Las indagaciones realizadas señalan que, posiblemente, dichos desembolsos habrían superado los $2.000 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación también anunció que está indagando a funcionarios en averiguación de la Secretaría de Salud y la Gobernación del departamento del Tolima por la posible falsedad de documentos relacionados con un convenio suscrito con la Fundación Solidaridad por cerca de $1.300 millones de pesos. La PGN indica que estos hechos también están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación (FGN).
Añade el ente de control que, igualmente, se encuentra indagando los hechos en torno a una denuncia realizada por la emisora 'Alerta Tolima'. Dicho medio de comunicación señaló la presunta existencia de un cartel dedicado a falsificar firmas dentro de un convenio celebrado con el Hospital San Juan Bautista, de Chaparral (Tolima). Asimismo, la emisora denunció la posible obstrucción a la investigación penal por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima, que habrían reportado como perdidos algunos documentos originales solicitados por la Fiscalía.
Finalmente, el Ministerio Público afirma que la Procuraduría Regional del Tolima ordenó la práctica de pruebas necesarias para establecer responsabilidades y aclarar si estos hechos constituyen falta disciplinaria.
