Acusación contra Alejandro Lyons y Edwin Besaile por presuntos hechos de corrupción con recursos de salud

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra los exgobernadores de Córdoba.

Redacción 12/08/2019 - 12:22 | Compartir:

La Fiscalía General de la Nación (FGN) dio a conocer que, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en coparticipación criminal, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015) y Edwin José Besaile Fayad (2016 – 2017).

Acusación contra Alejandro Lyons y Edwin Besaile por presuntos hechos de corrupción con recursos de saludLa Fiscalía indica que la acusación se presentó por supuestas irregularidades de contratación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Funtierra Rehabilitación LTDA, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.

Para la FGN, el material probatorio recaudado en las investigaciones daría cuenta que el objeto de los contratos habría sido incumplido en el entendido que no se realizaron todas las neuroterapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población pobre no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intencionalidad de la administración de no hacer los respectivos recobros a las EPS.

El detrimento al erario probado para Alejandro José Lyons ascendería a $26.219’898.046, que correspondería al 85,71% del total de pagos realizados a las IPS; mientras que los dineros comprometidos por Edwin José Besaile Fayad alcanzarían los $174’577.500, según la información suministrada por el ente acusador. El pasado 6 de junio, la fiscal de conocimiento imputó a los dos exgobernadores por estos hechos. Los cargos, en su momento, fueron rechazados.

De otra parte, la Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación contra los exgobernadores por presuntas actuaciones ilícitas detectadas en el trámite y celebración de un convenio interadministrativo que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora y en el que se habría presentado un detrimento por $1.501’344.842.

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