En firme aseguramiento de personas imputadas por la supuesta tortura a menores con discapacidad mental

Los 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos seguirán recluidos en la Cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima). 

Redacción 19/12/2017 - 06:32 | Compartir:

El Juzgado 1º Penal del circuito de Ibagué no avaló la solicitud de los 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos, involucrados en la supuesta tortura física y psicológica de varios niños en condición de discapacidad, y confirmó la decisión tomada en primera instancia, por lo que los procesados seguirán recluidos en la Cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima). 

En firme aseguramiento de personas imputadas por la supuesta tortura a menores con discapacidad mentalA finales de octubre, como ya informó El Diario de Salud, la juez 7 penal municipal con función de control de garantías de Ibagué dictó medida de aseguramiento en contra de la directora y representante legal de la Fundación Peces Vivos, y nueve trabajadores más de esa institución. Las capturas se efectuaron mediante orden judicial el pasado 19 de octubre en la capital tolimense y, ante la juez de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio

Según la investigación, la citada fundación a la que están vinculados los procesados, que es operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que funciona en la modalidad de internado para personas con discapacidad mental, estaría presuntamente incurriendo en tratamientos inadecuados con los menores, a quienes supuestamente les ocasionaban dolor físico y los sujetaban de sus extremidades a las camas o las sillas. Asimismo, la Fiscalía determinó que los menores eras sometidos a tratos crueles y denigrantes, protocolos que no son acordes a los lineamientos expedidos para la fundación. 

La Fiscalía General de la Nación afirma que, en la audiencia, la fiscal evidenció que dichas contenciones no contaban con la aprobación del médico psiquiatra tratante de los menores y que, al parecer, serían las psicólogas quienes ordenaban el suministro de medicamentos, faltando de manera flagrante a los protocolos de buenas prácticas médicas y la regulación del Ministerio de Salud. 

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